“Es una represalia a la suspensión de esta empresa, que posee más de 100 cisternas”, manifestó la ejecutiva Gabriela Delgadillo en una rueda de prensa.

Estas medidas posibilitarán un escenario favorable ante la carencia transitoria de dólares, con el propósito de que la población tenga certidumbre sobre el norte que transitará la economía nacional.

Se pretende evitar las actividades ilícitas, como la reventa de carburantes.

Se trata del ‘Acuerdo económico, productivo y empresarial entre el Gobierno nacional y el empresariado boliviano’.