Los responsables del golpe serán procesados por delitos de alzamiento armado, terrorismo, atentados contra la seguridad del presidente, destrucción y uso indebido de bienes del Estado.
El presidente Luis Arce reafirmó ayer en Santa Cruz la “inquebrantable unidad” de su administración con las organizaciones sociales y la “defensa férrea de la democracia boliviana”.
El Primer Mandatario y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se reunieron en la ciudad de Santa Cruz con autoridades regionales, departamentales, nacionales y con dirigentes de las organizaciones sociales.
Arce, luego del encuentro, se pronunció en sus redes sociales para señalar la defensa de la democracia. “Nunca permitiremos que sea ultrajada nuevamente”, dijo en clara referencia al movimiento militar golpista del 26 de junio que lideró el entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, junto con una veintena de oficiales de mediano y alto rango, y un civil considerado el ideólogo de la sublevación.
Zúñiga impulsó la toma de la plaza Murillo y del Palacio Quemado con el fin de derrocar a Arce, liberar a militares y políticos comprometidos en el golpe de noviembre de 2019, instaurar un gobierno con su círculo de confianza castrense y supuestamente llamar a elecciones generales en tres meses.
Con vehículos de combate y tropa armada con munición de guerra, el ahora excomandante tomó por más de tres horas el centro del poder político boliviano en una acción que fue definida por la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) como un “intento de golpe de Estado por parte del Ejército de Bolivia”.
La CIDH urgió “al inmediato e irrestricto respeto a la institucionalidad democrática, al mantenimiento del orden constitucional y a la protección de los derechos humanos”.
Como consecuencia de esa acción, al menos 14 personas resultaron heridas.
INVESTIGACIONES
Las investigaciones preliminares establecieron que tres meses de meticulosa planificación, con una seguridad hermética en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, culminaron el miércoles 26 de junio de 2024 en la operación militar cuidadosamente diseñada.
El robusto comandante del Ejército y el civil Aníbal Aguilar Gómez, antiguo militante del MNR y catedrático en instituciones militares, elaboraron un complejo plan para derrocar al presidente socialista Luis Arce, elegido en 2020 con el 55,11% de los votos.
Su objetivo era formar un nuevo gobierno militar.
Convencido del éxito de la operación, Zúñiga ya había preparado un discurso para dirigirse a la nación y al mundo como presidente.
Entre el personal militar sublevado, formando un círculo de seguridad y confianza, estaban sus futuros ministros.
La preparación del golpe fue tan precisa que los vehículos blindados llegaron al cuartel de Miraflores bajo la cobertura de la noche, un día antes de la operación.
Los conductores habían recibido intensivos cursos de manejo urbano para asegurar un despliegue efectivo.
Además, grupos de élite desde diversas regiones del país estaban en puertas de la movilización como parte del despliegue de fuerzas.
Apoyo
La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, presidentes y líderes políticos del mundo condenaron el golpe, a diferencia del mandatario de Argentina Javier Milei, como Evo Morales, que pusieron en duda el hecho.
Los actores de la acción militar serán procesados por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado; terrorismo; atentados contra la seguridad del presidente; destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La Paz/AEP
