La justicia volvió a actuar de manera imparcial sin tomar en cuenta los episodios de 2022, donde hubo muertes y se cometieron violaciones.
Un juez dispuso este miércoles la detención domiciliaria de Luis Fernando Camacho en el marco del proceso por el paro de 36 días en Santa Cruz, cumplido entre octubre y noviembre de 2022. La medida deja sin sanción las cuatro muertes registradas durante el conflicto, decenas de personas heridas y múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los movilizados en una protesta que fue considerada desde su inicio como de carácter político.
El paro también provocó pérdidas millonarias en el país, que afectó a sectores productivos, industriales y comerciales, al paralizar actividades de manera obligatoria y vulnerar derechos como la libertad de locomoción y el derecho al trabajo.
La audiencia virtual concluyó con la decisión del juez de levantar la detención preventiva de Camacho en el penal de Chonchocoro, imponerle una fianza de Bs 50 mil y establecer su arraigo domiciliario.
El Gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce, promovió más de 18 espacios de diálogo para evitar la medida de presión organizada por el Comité Interinstitucional del Censo, conformado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), el Comité pro Santa Cruz y la Gobernación liderada por Camacho. Sin embargo, el gobernador se mantuvo ausente y obstaculizó las negociaciones.
Durante las protestas, se registraron cuatro muertes violentas: Julio Pablo Taborga en Puerto Quijarro; un hombre en San Ignacio de Velasco por un accidente provocado por un bloqueo; Eduardo Arancibia, quien casi fue decapitado por un cable tendido por manifestantes; y José Eduardo Sosa, asesinado por un grupo de choque en Los Lotes. Además, hubo una violación grupal, agresiones a pueblos indígenas, ataques a periodistas, extorsiones y múltiples lesiones graves.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su visita “In Loco” a Bolivia, documentó “episodios extremadamente violentos” en Santa Cruz durante el paro, incluyendo ataques a la Policía, quema de instituciones públicas como la Fiscalía Departamental y agresiones a periodistas.
El paro de 36 días evidenció tensiones históricas entre el oriente del país y el poder central, marcado por violencia, manipulación política y priorización de intereses particulares sobre el bienestar colectivo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por establecer diálogo, la radicalización y el cálculo político dejaron un saldo lamentable en lo social, económico y humano.
AEP
