La Fiscalía presentó una acusación formal para juicios en contra de Camacho y otros siete acusados en el caso Golpe de Estado I.
La Paz, 28 de diciembre de 2023 (ABI). – La Justicia debe dar celeridad y hacer justicia por los hechos de violencia y muerte en la ruptura del orden constitucional en 2019, porque debe existir memoria, verdad y justicia, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
“Esperamos que la justicia, el Órgano independiente, el Órgano judicial, pueda llevar adelante, de una manera muy transparente, con la celeridad que se requiere, que es eso lo que nos está pidiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó sobre lo ocurrido en 2019.
Las declaraciones se dan en un día en el que se dieron protestas exigiendo justicia y condenada para el excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien fue parte activa de todo el proceso de violencia y toma del poder por parte de Jeanine Áñez, quien presidió un gobierno en el que se dieron las masacres de Sacaba y Senkata con más de 20 muertos por impacto de bala.
“Tiene que existir memoria, verdad y justicia”, afirmó Alcón.
Camacho cumple un año de detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Vicha, por el caso Golpe de Estado I o los hechos que derivaron en la dimisión forzada de Evo Morales. En Santa Cruz se convocó a una caravana, para pedir la libertad del gobernador.
Alcón recordó que el esclarecimiento de los hechos durante la crisis de 2019 fue también demandado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)- Bolivia, instancia formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigó los hechos de violencia y muerte ocurridos entre noviembre y diciembre de 2019.
La Fiscalía presentó una acusación formal para juicios en contra de Camacho y otros siete acusados en el caso Golpe de Estado I.
El propio excívico reveló que su padre, José Luis, “cerró” con militares y policías para que no cumplan su rol constitucional.
“Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con militares para que no salgan, fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con todos ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa y por eso está de ministro para cumplir todos los compromisos”, confesó Camacho en esa ocasión.
“Con la Policía, de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas” para que renuncie Evo Morales, declaró Camacho en un video que circuló en redes sociales.
El GIEI también recogió las declaraciones del excívico en su informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en 2019.
“Al final del día 8 de noviembre (de 2019), policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con múltiples demandas, que incluían la renuncia del presidente Evo Morales Ayma. El candidato presidencial de oposición Luis Fernando Camacho publicó mensajes de triunfo con ocasión de la sublevación y, tiempo después, reveló que junto con su padre, había negociado el amotinamiento con policías”, cita el informe en su página 24.
Si bien Camacho dijo en octubre de 2021 que cuando sería convocado al Ministerio Público contaría la “verdad” de los sucesos de 2019, porque “guardar silencio es ofender la lucha de todo un pueblo”, el 29 de diciembre de 2022 se olvidó de sus palabras y, al igual que su padre (11/07/2022), decidió acogerse a su derecho al silencio y no declaró.
En su libro Octubre 2019. Fraude y después… el presentador Carlos Valverde sostiene que se debe conocer cuál fue el rol de Luis Fernando Camacho y su padre en esos días. “¿Qué quiso decir Camacho en esos días cuando afirmó ‘mi papá ya arregló todo con los militares’?, eso no está claro”, cuestionó Valverde en una entrevista con Los Tiempos en mayo de 2022.
Por eludir las reiteradas convocatorias de la justicia, Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022.
En La Paz, víctimas de la masacre de Senkata – como la definió la CIDH – demandaron acelerar los procesos en contra de los responsables de los hechos que dejaron más de una treintena de muertos.
Al hacer mención a ambas movilizaciones, la viceministra aseguró que en “un Estado democrático” como Bolivia “se pueden llevar adelante las movilizaciones y las marchas” sin perjudicar a la población.
