La nueva Asamblea deberá negociar caso por caso ante una distribución de fuerzas inédita y sin mayorías absolutas.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que asumirá funciones el 8 de noviembre se enfrenta a uno de los retos más complejos desde el retorno a la democracia: definir el destino de al menos una veintena de juicios de responsabilidades contra exautoridades, entre ellos el de Jeanine Añez. Este tipo de procesos, que requieren el aval de dos tercios de los legisladores, dependerán más que nunca de pactos políticos y de una voluntad de consenso que, según expertos, será frágil y esporádica.
Los juicios de responsabilidades están regulados por la Constitución y la Ley 044. Alcanzan a presidentes, vicepresidentes y ministros por delitos en el ejercicio de sus funciones, pero su aplicación ha sido altamente politizada. Con una veintena de casos estancados por falta de consenso, analistas advierten que estos procesos han sido utilizados históricamente como herramientas de negociación o retaliación política dentro del Congreso.
La nueva correlación de fuerzas parlamentarias está marcada por la fragmentación. El PDC logró 70 legisladores; Libre suma 53; Unidad tiene 35; y APB-Súmate, 6. El MAS, por primera vez en dos décadas, queda reducido a apenas dos diputados. En este tablero sin mayorías absolutas, los acuerdos transitorios y las alianzas temáticas serán inevitables. “No hay cohesión ni siquiera dentro de los propios partidos”, alertó el politólogo Carlos Saavedra.
Uno de los temas más polémicos será el juicio contra Jeanine Añez por las masacres de Senkata y Sacaba. La Fiscalía rechazó en 2021 activar un juicio de responsabilidades, bajo el argumento que Añez no era presidenta constitucional, sino una senadora “autoproclamada”. Sin embargo, recientes fallos judiciales que anulan los procesos ordinarios reavivan el debate. El tema divide a la opinión pública y anticipa un conflicto político, especialmente en regiones como El Alto, donde existe un fuerte reclamo de justicia.
No obstante, expertos como la senadora Silvia Salame consideran inviable un proceso de este tipo en la Asamblea actual, tanto por razones de tiempo como de conveniencia política. En todo caso, el tema quedará instalado en la agenda del próximo gobierno.
Más allá de nombres y siglas, el mayor reto será despolitizar los procesos judiciales.
AEP
