Dentro de la ALP, el posible inicio de un juicio de responsabilidades comienza a cobrar más fuerza por el supuesto favoritismo hacia políticos que estuvieron involucrados en los conflictos de 2019.
La reciente liberación de procesados por hechos de violencia política y social de 2019 ha desatado fuertes críticas desde el Legislativo. El diputado Félix Ajpi lamentó que, pese a informes internacionales que denunciaban ejecuciones extrajudiciales, la justicia boliviana haya favorecido a los implicados, dejando en el abandono a las víctimas.
“Esas 36 familias bolivianas llorarán (…) no habrá justicia para ellas”, afirmó, advirtiendo de que se podría recurrir a instancias internacionales, lo que representará una carga económica adicional para el país.
Ajpi recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue contundente al señalar que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis de 2019. Pese a esto, denunció que el sistema judicial nacional ignoró estas conclusiones, favoreciendo a quienes —según dijo— provocaron muertes y desestabilización en Bolivia. “Sin haber oído ni analizado las opiniones internacionales, las autoridades judiciales dieron libertad a quienes afectaron los derechos fundamentales de los bolivianos”, cuestionó.
Así también, el legislador sugirió que se sancione a los jueces que perjudicaron el desarrollo de las investigaciones de los procesos que pesan en contra de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez, al mantenerlas en etapa preparatoria, además de un juicio de responsabilidades.
Por su parte, la diputada Olivia Guachalla expresó su rechazo ante los fallos judiciales que favorecen a Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez.
La parlamentaria anunció que solicitarán informes al presidente del Tribunal de Justicia y reclamó una aplicación equitativa de la ley para todos los ciudadanos. “Todos somos iguales ante la ley, no puede haber justicia para algunos y omisión para otros”, afirmó.
AEP
