El Ejecutivo recuerda que son obligaciones del Estado reparar el daño y dar justicia a las víctimas y madres que perdieron a sus seres queridos en 2019.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU DDHH) advirtieron de un riesgo de impunidad y retroceso en Bolivia, por la anulación judicial de los casos de las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, ocurridos en 2019.
La advertencia y la preocupación surgen ante las decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon su incompetencia y la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
La alerta se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, señala un pronunciamiento público de la comisión interamericana.
Ambos organismos advierten de que “esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas”.
En este sentido, instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y “a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres”, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.
Esto incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), respaldadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos.
A esto se suma que entidades de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo de Bolivia, expresaron su preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas.
INFORME
En el comunicado, la CIDH recordó que, en 2019, el GIEI, a solicitud del Estado boliviano, recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos referidas a las masacres de Senkata y Sacaba.
El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares.
El grupo concluyó en su informe final que es “fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz”.
En contacto con Ahora El Pueblo, el abogado estadounidense Thomas Becker ya había anunciado la preocupación de la comunidad internacional por la anulación de los procesos por los casos Senkata y Sacaba, con la que se pretende dejar en libertad a Jeanine Añez, quien durante su gobierno de facto firmó el decreto 4078, que era el aval para que militares y policías repriman a manifestantes que rechazaban su régimen.
Por la medida, varias madres de Senkata perdieron a sus hijos y reclaman a Añez por la violencia ejercida; exigen justicia al Estado.
GOBIERNO AFIRMA QUE ES OBLIGATORIO CUMPLIR CON EL INFORME DEL GIEI
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, saludó el pronunciamiento de la CIDH y de la ONU Derechos Humanos y afirmó que el Estado debe cumplir de manera obligatoria con el informe del GIEI para garantizar justicia y evitar la impunidad en las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, durante el régimen de Jeanine Añez, quien, tras las anulación de los procesos ordinarios, será favorecida con un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
“En este sentido, como gobierno, es importante recordar que es una obligación de todos los órganos del Estado actuar de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos y (...) no desamparar a las víctimas y que no exista impunidad, de lo contrario esto sería un nefasto precedente para el país”, dijo Saravia en conferencia de prensa.
La Procuraduría General del Estado informó, vía comunicado, que seguirá coadyuvando en las acciones legales que correspondan en el marco de la CPE y tratados internacionales suscritos.
AEP
