También exigen al Estado y a sus instituciones actuar con transparencia, e instan a las autoridades a cumplir de manera efectiva y estricta con sus obligaciones internacionales.
Por el interés mayor, que es la niñez, cerca de 100 redes, instituciones de derechos humanos, activistas y otros exigen al Estado actuar de oficio e investigar de forma exhaustiva los delitos de abuso a menores de edad atribuidos al expresidente Evo Morales.
Los colectivos de derechos humanos y activistas, como la Coordinadora de la Mujer, Adesproc Libertad, Gregoria Apaza, Red Contra el Infanticidio y Delitos contra la Niñez, Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), Católicas por el Derecho a Decidir en Bolivia, y más de 60 instituciones expresaron ayer su preocupación por los recientes hechos de abuso atribuidos al expresidente Morales Ayma, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de estupro y trata de personas contra una menor de edad en 2015 en Tarija.
Caso
La semana pasada, la Fiscalía de Tarija reabrió el caso de estupro y trata de personas contra el expresidente Evo Morales, investigado en principio en 2019, pero como no hubo pesquisas fue dejado de lado. Se trata de un abuso cometido presuntamente en 2015, cuando la víctima tenía 15 años. Producto de ello, un año después, nació una niña que lleva el apellido del exmandatario.
No sería el único caso de abuso cometido por el expresidente, recientemente salieron a la luz dos nuevos hechos en Cochabamba. Aunque Morales asegura que el caso se cerró —sin negar los delitos por los que se lo acusa—, solo dice que es una persecución política.
Frente a esta situación, las redes de activistas y de derechos humanos de Bolivia lamentan que esa situación derive en “minimizar hechos tan graves como los delitos sexuales contra niñas y adolescentes (...) sin considerar los derechos de la ahora joven y su hija menor de edad, evidenciando la utilización del cuerpo de las mujeres como moneda de cambio”. “Nuevamente vemos cómo se instrumentaliza al sistema de justicia en Bolivia”, expresan mediante un pronunciamiento.
Demanda
Recuerdan a las autoridades de Estado que los casos de abuso sexual, aún más si se trata de menores de edad, deben ser investigados de oficio, como establece la Ley 348, y garantizar “un combate frontal contra estos delitos en el marco del interés superior de las niñas y adolescentes y la obligación reforzada de proteger sus derechos”.
En este sentido demandan a la Fiscalía General del Estado “investigar de forma exhaustiva, efectiva y oportuna los hechos atribuidos al expresidente Morales, en el marco del interés superior de las víctimas”.
También exigen al Estado y a sus instituciones actuar con transparencia, e instan a las autoridades a cumplir de manera efectiva y estricta con sus obligaciones internacionales pendientes en esta materia, que abarcan un conjunto de medidas estructurales para remover todas las barreras que impiden la efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como su acceso a la justicia.
La solicitud se hace en referencia a que Bolivia es adscrita a varios acuerdos internacionales de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, que ordenan investigar delitos de abuso sexual contra menores de edad, dar protección y reparar el daño.
Piden que ante la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, y las más de 1.782 denuncias por el delito de estupro, se adopten acciones de prevención urgentes.
Organización
Otras 10 organizaciones sociales manifestaron su repudio ante este hecho y exigen que se cumpla con las normas nacionales y que la justicia no proteja al dirigente cocalero del Chapare.
Uno de los sectores que reprocha la actitud de la justicia es la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, que cuestionan la protección judicial por parte del fiscal general, Juan Lanchipa, quien destituyó a Sandra Gutiérrez del caso.
La Paz/AEP
