Con el protocolo se evitará que los curas con denuncias por delitos sexuales cometidos en otros países lleguen al territorio nacional.
El gobierno del presidente Luis Arce estudia un mecanismo similar al “beneplácito” que se aplica en el servicio exterior para aprobar o rechazar el ingreso de sacerdotes de la Iglesia Católica enviados a Bolivia.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que con ese mecanismo diplomático se evitará que los sacerdotes con denuncias por delitos sexuales cometidos en otros países lleguen al Estado Plurinacional y lo “conviertan en basurero de violadores”.
Muchos sacerdotes que están acusados por pederastia fueron enviados a Bolivia en un mecanismo que aplica la Iglesia Católica y que les permite “rotar” a esos denunciados.
“Y no vamos a permitir, como lo ha señalado nuestro Presidente, que envíen a sacerdotes violadores a educar a nuestras niñas y nuestros niños. Nuestro país se respeta, nuestra soberanía se respeta, nuestra dignidad se respeta. No somos ni seremos un basurero de violadores”, declaró a Detrás de la Verdad.
Prada explicó que fue el Primer Mandatario quien instruyó trabajar en una normativa de prevención, como la que rige en el ámbito diplomático.
Según el protocolo diplomático, el nombramiento de un embajador corresponde al Gobierno de su nación.
Una vez se ha seleccionado el embajador para la misión de destino, el siguiente paso es conseguir el beneplácito del país receptor. En caso de darse una negativa y rechazar el beneplácito, deberá comunicárselo formalmente al país acreditante.
“Y eso es lo que debería estar haciendo la Iglesia, y que, por supuesto, por años no lo ha hecho”, observó.
Prada dijo que el Jefe de Estado viene tomando “decisiones históricas” respecto a lo que es la protección de la niñez y recordó que el Ejecutivo envió al Legislativo el proyecto de ley que busca declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación contra niñas, niños y adolescentes.
El proyecto de ley fue redactado por el Gobierno debido a los hechos “aberrantes” cometidos por el jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas en contra de más de 85 menores de edad que estudiaban en el colegio Juan XXIII, de Cochabamba, donde él fue director por más de una década.
El proyecto de ley, remarcó la ministra Prada, plantea la imprescriptibilidad del delito que se comete contra los infantes.
“Ahora estamos trabajando en una normativa, viendo el mecanismo correspondiente a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para que exista un nivel de control en relación a los sacerdotes que vienen a ser educadores, guías espirituales”, precisó.
