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Acto de posesión del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. (Foto: Archivo)

Un juicio contra Luis Arce no tiene sustento jurídico ni constitucional

Según el analista Hugo Siles, el presidente no incumplió la CPE.

La Paz, 13 de julio de 2023 (AEP).- Una proposición acusatoria sobre un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce por la posesión de Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno carece de sustento jurídico y constitucional.  

“El Presidente no ha incumplido deberes; al contrario, ha sido fiel en el cumplimiento de la Constitución, por tanto el anuncio de un juicio de responsabilidades carece de sustento jurídico, tampoco tiene sustento constitucional”, enfatizó el analista Hugo Siles.

Procedimiento

En las últimas horas, legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), alianza opositora liderada por Carlos Mesa, anunciaron una proposición acusatoria en contra del presidente Luis Arce para que sea sometido a un juicio de responsabilidades por la posesión de Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno después de su censura en la Asamblea Legislativa.

Siles explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) dispone como atribuciones del Presidente designar a sus ministros, por tanto “este anuncio no solo carece de sustento jurídico, sino que solo trata de confundir a la opinión pública”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, recalcó que si bien es potestad interpelar a los ministros, también lo es que el Presidente designe a sus colaboradores.

Los Pasos legales que se cumplieron para la designación

  • El presidente Arce emitió el Decreto Presidencial 4974, a través del cual se procede a la destitución de Eduardo Del Castillo, como ministro de Gobierno, luego de ser censurado por la Asamblea Legislativa.
  • En su único artículo se “deroga el Decreto Presidencial N° 4389, de 9 de noviembre de 2020, en lo referido a la designación del Ministro de Gobierno.
  • El artículo 172 de la CPE señala que es atribución del Presidente designar a sus ministros.
  • Actualmente existe un vacío jurídico en torno a las interpelaciones, tras un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 1350 sobre la censura.

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