Dejando de lado las diferencias políticas, las autoridades también trabajarán en los métodos para recuperar las áreas dañadas.
El Senado demoró casi tres meses en sancionar la norma calificada de importante para el desarrollo del municipio de Uyuni.
Estas normas son la 337 y la 1171, promulgadas por Morales Ayma en 2013 y 2019, respectivamente, y que son cuestionadas por activistas.
A la medida se sumaron alcaldes de municipios del oriente boliviano.
La decisión se asumió por autoritario, “buscapega” y por priorizar intereses políticos.
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