Promulgada en 2009, la Constitución boliviana establece en el parágrafo primero del artículo 349 que los “recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano.
La autoridad advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para el país si persiste esta situación, teme que se generen conflictos como los vividos en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado de Jeanine Añez.