A pesar de un acuerdo político, evistas y opositores se resisten a aprobar los créditos que están estancados desde el 2023.
La Paz, 24 de febrero de 2024 (ABI).- El presidente Luis Arce aseguró que “las mentiras, el odio y la violencia no afectará la unidad del Gobierno nacional con su pueblo” y cuestionó a quienes obstaculizan la economía, poniendo sus intereses personales sobre los colectivos.
El pueblo “es sabio y conoce quiénes trabajan para sacar adelante a la Patria, y quiénes obstaculizan la economía, poniendo sus intereses individuales sobre los colectivos”, afirmó en un post en su cuenta en X.
Legisladores que responden al expresidente Evo Morales y a las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos articularon fuerzas para bloquear en la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de créditos por más de $us 800 millones.
A pesar de un acuerdo político, evistas y opositores se resisten a aprobar los créditos que están estancados desde el 2023. La madrugada del viernes se logró aprobar uno de los créditos por $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi en el tramo2B Confital-Bombeo.
“Las mentiras, el odio y la violencia no afectarán la unidad del Gobierno Nacional con su pueblo”, aseguró Arce en respuesta a un pronunciamiento de apoyo de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales de Chuquisaca.
“Por la unidad respaldamos la excelente gestión que viene encaminando nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora y nuestro jilata David Choquehuanca, y les damos nuestro pleno respaldo y apoyo, para consolidar la industrialización de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, establece parte del pronunciamiento.
La actual administración impulsa la política de industrialización con sustitución de importaciones con la construcción de 150 industrias en diferentes regiones de Bolivia, para consolidar polos de desarrollo y apalancar el crecimiento.
Afines a Morales llevaron adelante un bloqueo centrado en Cochabamba por dos semanas que provocó un daño económico cercano a los $us 1.000 millones. Exigían elecciones judiciales, que ya están en curso, el cese de magistrados prorrogados y defendían el derecho de una nueva repostulación de Morales, que está en duda a partir de una sentencia constitucional.
