El Ministerio de Justicia busca una condena más severa en el TCP.
El Ministerio de Justicia, mediante una acción constitucional de libertad, logró la anulación de la sentencia de seis años de prisión impuesta a un adolescente de 17 años, autor confeso de la violación e infanticidio de una bebé de un año y tres meses en Santa Cruz.
Ahora, el caso ha sido remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en busca de una condena más severa.
“Se ha anulado la sentencia de seis años y el próximo paso es la nueva valoración de todos los elementos jurídicos presentados por el Ministerio de Justicia para una nueva condena”, informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huancani.
El crimen, que causó indignación y conmoción en la población, ocurrió el 3 de marzo en la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz. La madre de la menor, Gina O. Z., de 24 años, llevó a su hija sin vida a un centro médico, argumentó que la había aplastado accidentalmente mientras la amamantaba.
Sin embargo, la autopsia reveló que la bebé había sido víctima de abuso sexual y que su muerte fue causada por múltiples golpes que le provocaron fracturas en el cráneo y el tórax.
El padrastro de la menor, Osman J. D. O., de 17 años, fue capturado y sentenciado a seis años de prisión por el atroz crimen. No obstante, la nueva acción legal busca una pena mayor. Por su parte, la madre de la víctima permanece con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, mientras continúa la investigación del caso.
Este crimen consternó a la población que pasó de la indignación a la acción y movilización, y el Ministerio de Justicia fundamentó que los derechos de la bebé deben priorizarse para que el infanticida y violador reciba una condena máxima.
“No podemos seguir permitiendo este tipo de crímenes atroces contra la niñez. Una niña de un año y tres meses no podía hablar, ni siquiera gritar y el padrastro de 17 años que, sin piedad, la viola y posteriormente la mata (…). Si bien el Código Niño, Niña y Adolescente dice ‘a los 16 años la pena máxima es de seis años’, por encima de nuestras normativas se encuentran los estándares internacionales”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.
AEP
