Una comitiva del organismo, liderada por el comisionado relator país, José Luis Caballero, llegó a Bolivia para presentar el primer informe de evaluación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg).
La Paz, 13 de diciembre de 2023 (ABI).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró el compromiso, los avances y las acciones emprendidas por el Estado boliviano para cumplir con las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI – Bolivia), luego de la crisis política y social de 2019.
Una comitiva de la CIDH, liderada por el comisionado relator país, José Luis Caballero, llegó a Bolivia para presentar el primer informe de evaluación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg), y sostener diversas reuniones para planificar el trabajo de la Mesa de cara al segundo año de seguimiento.
“Concretamente, el objetivo del informe ha sido determinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones, en particular aquellas priorizadas sobre reparación y las graves vulneraciones de los derechos humanos”, dijo el comisionado relator a tiempo de presentar el documento en la Cancillería boliviana.
Explicó que el informe de seguimiento identifica las medidas y procesos implementados por el Estado en cumplimiento de 10 de las 36 recomendaciones emitidas por el GIEI en materia de reparación, investigación, así como los principales desafíos al respecto.
Recoge también aquellas recomendaciones de carácter estructural, respecto de las cuales el Estado reportó, para este primer año, avances sustantivos.
Dentro de las medidas adoptadas por el Estado, destacó las acciones para fortalecer la institucionalidad y la independencia del mecanismo nacional de prevención contra la tortura.
“Esta medida fue identificada como relevante en la implementación de una recomendación (la 16), que solicitó, entre otros aspectos, un mecanismo nacional acorde con el protocolo facultativo a la convención contra la tortura”, ponderó.
También el informe destacó la aprobación de la política plurinacional de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en el marco de la primera recomendación que contiene los criterios generales para la implementación de los mecanismos de reparación.
“La Comisión, al respecto, ha valorado de manera muy positiva la ampliación de los mecanismos de ayuda humanitaria que se han implementado para las víctimas de los hechos de violencia”, resaltó Caballero.
Asimismo, el informe señala que esta política se verá fortalecida a través del procedimiento para la realización del censo de víctimas y el desarrollo del sistema informático de registro de heridos y fallecidos de los hechos de violencia ocurridos en 2019 y 2020.
“Este registro permitirá contar con mecanismo objetivos y transparentes para la identificación de las víctimas y de los beneficiarios”, dijo.
El informe también destaca desafíos en la implementación de la política nacional de reparación y en materia de la institucionalidad de los derechos humanos, específicamente en cuanto a la promoción de la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la protección integral y atención de las víctimas de violaciones a partir de un enfoque interseccional.
Finalmente, aseveró el relator, el informe señala una especial preocupación por el elevado número de investigaciones que reportan escasos avances en la determinación de responsabilidades ante graves violaciones a derechos humanos en 2019, lo que impacta directamente en el acceso a la justicia de las víctimas.
“De esta forma, la Comisión valora el compromiso, los avances en las acciones emprendidas por el Estado para cumplir con las recomendaciones emitas por el GIEI-Bolivia en 2021. A la vez de concluir que quedan pasos relevantes para afianzar este cumplimiento”, mencionó.
De cara a estos retos y desafíos pendientes, ratificó el compromiso de la CIDH para contribuir al Estado boliviano el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.
“La Meseg va a seguir trabajando para ofrecer asistencia técnica y herramientas que coadyuven con el Estado para el cumplimiento de las recomendaciones. Este es un proyecto que va a llevar acciones sólidas para garantizar verdad, justicia y reparación, y afianzar el Estado democrático con base en el respeto de los derechos humanos”, sostuvo.
Recomendó al Estado y a las víctimas trabajar de manera coordinada para implementar la política nacional de reparaciones, que sea integral y que contemple la realización de un registro objetivo y transparente del universo de víctimas.
