El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, explicó que la denuncia penal es en contra de exdirectivos y una empresa contratista de la familia Garafulic.
La Paz, 24 de abril de 2024 (AEP). – El caso de las piscinas industriales que causaron un daño económico al Estado de $us 425 millones develó la participación del Grupo Garafulic, que tenía al menos ocho contratos directos por el litio firmados con el gobierno de Evo Morales por casi Bs 186 millones entre 2013 y 2019.
De acuerdo con el procurador general del Estado, César Siles, “parte de los hechos en investigación se relacionan con ocho contratos sistemáticamente incumplidos”, dijo con referencia a la investigación iniciada por irregularidades en la construcción de piscinas industriales en el complejo ubicado en el salar de Uyuni, que involucra además a otros 12 exfuncionarios.
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, y la presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, el viernes 19 de abril, dan a conocer irregularidades en la construcción y el manejo de piscinas industriales. // FOTO: YLB
“Y ese incumplimiento se debe al rol desafortunado, quebrantamiento de la norma administrativa y los propios contratos de la empresa Gerimex SRL, representada por Paula Garafulic Ruiz, quien también está entre los 12 sujetos investigados”, explicó Siles en conferencia de prensa.
El 18 de abril, la presidenta ejecutiva de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la estatal por irregularidades en contratos en las piscinas industriales de evaporación.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, explicó que la denuncia penal es en contra de exdirectivos y una empresa contratista de la familia Garafulic, por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas.
Siles sostuvo ayer que el caso es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y contratos lesivos al Estado.
El procurador César Siles durante una conferencia de prensa. Foto: Procuraduría
Además señaló que 12 personas son investigadas por este caso. “No una, dos o tres, como está circulando en los medios; son 12 personas contra las cuales se inició la investigación penal”, dijo.
De las 12, tres fueron aprehendidas: Jorge Flores Mamani, Pol Quiroz Barrionuevo y el exministro de Minería y exgerente de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú.
Siles apuntó que los 12 investigados tienen un flujo migratorio importante y reciente, por lo que existen suficientes elementos de convicción para creer en la existencia de riesgo de fuga u obstaculización al proceso.
El Procurador indicó que la institución a su cargo decidió intervenir en el proceso “por el grave daño económico” al Estado, que llega a $us 425.297.717,92; y por los “graves hechos de corrupción”.
Una de las piscinas industriales en la Planta de Litio. Foto: YLB
También detalló que son tres los elementos a investigar: la confección de las especificaciones técnicas para la construcción de las piscinas; la falta de seguimiento, supervisión y fiscalización al contrato; y finalmente la falta de mantenimiento a 18 pisicinas.
Una de las irregularidades encontradas fue la colocación de la geomembrana PVC, de una característica menor a la estipulada en el contrato, además del no cumplimento de los procedimientos técnicos correctos de soldadura, hechos que causaron el deterioro de las piscinas, que son las que provén de materia prima a las plantas de producción de cloruro de potasio y carbonato de litio.
Una comisión de fiscales integrada por Ingrid Feraudi, Omar Yujra y José Rodríguez está encargada de las investigaciones respectivas.
Hasta ahora, los actos investigativos incluyeron declaración de quienes firmaron informes técnicos y legales. Siles señaló que “se expidieron 12 mandamientos de aprehensión”.
“Vamos a agotar todos los esfuerzos necesarios, víctimas como parte procesal, como querellantes, para que se dé con los responsables, se establezcan las sanciones y una vez logradas las condenas respectivas después de una investigación objetiva transparente se consiga la recuperación de este grave daño económico al Estado”, declaró Siles.
La investigación de YLB comenzó hace dos años.
