El viceministro Jhonny Aguilera detalló que la organización criminal intercambiaba marihuana por vehículos que provenían desde Chile.
El viceministro de régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó que Galo J. sería el propietario de las carpas de marihuana que se encontraron en Lagunillas, por lo que ratificó que las movilizaciones de junio fueron financiadas por el narcotráfico.
“Se logró establecer que las movilizaciones que generaron luto y dolor en la familia boliviana estaban financiadas por el narcotráfico, pues, como sabemos, el autor de este asesinato es propietario de un número de carpas, las cuales han permitido que periódicamente, mensualmente, él tenga una recaudación de 200.000 bolivianos”, dijo la autoridad.
Por esta razón, la autoridad ratificó que efectivamente esta actividad criminal financió y solventó los bloqueos, la emboscada y asesinato de efectivos policiales.
La autoridad detalló que esta red de narcotráfico intercambiaba la marihuana por vehículos que provenían de Chile. Durante los allanamientos se encontraron monedas chilenas, lo que permitió reafirmar que la sustancia controlada salía hacia el país vecino.
“Esta información sale de las operaciones que hemos realizado al interior de 10 domicilios en los últimos días, en los cuales encontramos importantes sumas de dinero, recibos o un cuaderno de memoria que permitía establecer las actividades delictivas que ellos realizaban”, agregó.
Aseguró que, con la presencia militar y policial en el lugar, ahora lo que corresponde es generar certidumbre a la población; pero además se continuará con las labores de investigación y persecución a estas organizaciones criminales que provocaron dolor en la población Boliviana.
Aguilera indicó que se dará con los responsables de los asesinatos a efectivos policiales y civiles, pero además se desbaratarán las actividades delictivas en el lugar.
Galo J. Ch. fue identificado como el presunto francotirador y, según información preliminar, esta persona se encontraba en el cerro Colla, desde donde disparó a un teniente quitándole la vida e hirió a un capitán.
J. Ch. fue enviado al penal de San Pedro, en Oruro, con detención preventiva, en el marco de las investigaciones por los bloqueos en Llallagua y los asesinatos a efectivos policiales.
Aguilera, en una anterior oportunidad, indicó que el francotirador estaría involucrado con el narcotráfico, pero además comentó que Enrique P. S. estaría vinculado a la minería ilegal, por lo que ratificó que actividades ilícitas financiaron las movilizaciones.
AEP
