El Ministro de Gobierno alertó sobre un repunte de avasallamientos en Santa Cruz, y afirmó que el Estado garantizará la seguridad jurídica y el derecho propietario.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció este jueves que grupos dedicados al avasallamiento de tierras están aprovechando el actual periodo electoral para cometer actos ilegales, ingresar por la fuerza a predios y atentar contra la propiedad privada y la integridad de las personas.
“Esto (el avasallamiento) también obedece a este periodo electoral que nos toca enfrentar en el país. Como todas las miradas están puestas en la segunda vuelta, estos grupos aprovechan el momento para actuar, poniendo en riesgo no solo la propiedad privada, sino también la seguridad de las personas”, explicó Ríos en contacto con El Deber Radio.
En menos de tres días, en el departamento de Santa Cruz se sucitaron dos tomas violentas de tierras fiscales.
El primer hecho ocurrió el 3 de octubre en el predio Patujú, en el municipio de Montero, donde un grupo armado ingresó a la fuerza. Dos días después, más de 150 personas ocuparon ilegalmente terrenos en Río Negro, Ascensión de Guarayos, destruyeron un campamento y se enfrentaron con los propietarios y la prensa.
“Ni bien se tuvo conocimiento del primer avasallamiento, se desplazó de inmediato un contingente policial por aire y tierra para retomar los predios y proceder a la identificación de los autores materiales de estos hechos”, informó el ministro.
Ríos remarcó que el Gobierno nacional garantiza el derecho propietario sobre la tierra y advirtió que no se permitirá ningún tipo de avasallamiento.
“Debemos respetar la normativa y brindar seguridad jurídica a los productores, sean pequeños, medianos o grandes. La ley no distingue entre ciudadanos de primera o segunda categoría”, enfatizó.
En el caso del predio Patujú, la autoridad confirmó la aprehensión de 12 personas, quienes fueron enviadas a detención preventiva por 180 días.
“Se tienen identificados a los autores intelectuales y materiales, así como a la institución a la que pertenecerían; sin embargo, por ahora no se revelará el nombre para no entorpecer las investigaciones”, agregó.
El avasallamiento y el tráfico de tierras están tipificados como delitos en la Ley 477, que establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes ocupen ilegalmente terrenos privados o fiscales.
AEP
