En su recorrido desde Caracollo hasta La Paz, la marcha por la nueva candidatura de Morales tuvo cinco puntos de mayor violencia.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó ayer que emitió un instructivo para que la Policía Boliviana inicie un proceso penal que permita la investigación de los hechos de violencia registrados durante la “marcha de la muerte”.
Se instruyó al comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, que inicie “un proceso penal de oficio para que se investiguen todos los hechos y actos delincuenciales” que han ocurrido entre el 17 y 23 de septiembre en la que denominó “marcha de la muerte o por la candidatura y habilitación del señor Morales”, explicó la autoridad durante una conferencia de prensa.
Fracaso
De acuerdo con el ministro, Evo Morales fracasó en su plan de derrocar al presidente Luis Arce a través de la marcha que recorrió de Caracollo a La Paz y dejó más de 80 heridos y un daño económico superior a los 6 millones de bolivianos.
“Desde el inicio de esta marcha, cuando dijeron explícitamente que debía asumir el mandato presidencial el tercer hombre del Estado (Andrónico Rodríguez), hasta su finalización con un ataque a toda la ciudadanía paceña, Morales fue constantemente motivando a la gente a unirse a una cruzada golpista. No obstante, como podemos ver y como quiero comunicar a toda la comunidad internacional y a todo el pueblo boliviano, el plan de derrocamiento de Morales, felizmente, no ha tenido éxito”, afirmó.
El propio Morales reveló en el inicio de la marcha en Caracollo sus intenciones de búsqueda de la dimisión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, para que Rodríguez asuma la presidencia.
“Si el primer y segundo hombre (del país, Arce y Choquehuanca) abandonan al pueblo, está el tercer hombre del Estado, el hermano Andrónico Rodríguez, con nosotros”, afirmó. Con ello reveló sus intenciones en el afán de asegurar su candidatura presidencial “por las buenas o por las malas”.
Del Castillo afirmó que con “6.000 personas (que participaron en la movilización) no se puede derrocar a un gobierno democráticamente electo”, pero cuestionó que intente ocultar el verdadero objetivo de la marcha del 17 al 23 de septiembre, que era “nuevamente violar la Constitución Política del Estado, que no le permite ir a una nueva re-re-reelección”.
En su recorrido de Caracollo a La Paz, la marcha por la nueva candidatura de Morales tuvo cinco puntos de mayor violencia, de acuerdo con Del Castillo.
El primero ocurrió el 17 de septiembre en Vila Vila, donde los seguidores de Morales sobrepasaron una vigilia de comunarios y cooperativistas mineros con violencia, y dejaron 26 personas heridas. Ahí también fue agredida una periodista.
El segundo punto fue en Patacamaya, donde un grupo de periodistas del canal estatal Bolivia TV fue retenido y objeto de robo de sus equipos de trabajo. El tercero fue en Ayo Ayo, donde un mensajero del Ministerio de la Presidencia fue agredido cuando intentaba entregar a Morales la invitación al diálogo hecha por el presidente Arce, al igual que varios trabajadores de la prensa.
El cuarto hecho de violencia se dio en Ventilla, en la ciudad de El Alto, y el quinto en La Paz, el lunes, al final del mitin de los seguidores de Morales.
“Esta marcha ha dejado cinco puntos de conflictividad, ha tenido más de 87 personas heridas provocadas por el señor Morales y compañía. Se ha logrado la aprehensión de más de 10 personas y una arrestada, y se han destruido, lamentablemente, cuatro vehículos. Se ha generado el destrozo de la infraestructura de cuatro instituciones públicas y privadas, y de espacios públicos. Y también se ha procedido, lamentablemente, al robo de un equipo televisivo”, detalló.
Sobre agresiones a periodistas, Del Castillo identificó a Orestes Sotomayor Vásquez como responsable de la violencia. Esta persona hirió a un camarógrafo, quien fue “golpeado y pateado hasta caer en el piso”.
Ministerio Público
Respecto a la Resolución Constitucional 040/2024, del 16 de febrero de 2024, de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, que prohíbe a Morales llamar a bloqueos o “provocar intransitabilidad de carreteras”, Del Castillo explicó que, si hubo incumplimiento, el tribunal debe informarlo al Ministerio Público para asumir las acciones respectivas.
“Pedimos a este tribunal de garantías que remita cuanto antes este expediente al Ministerio Público, para que determine si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de todos los responsables”, explicó.
