La Policía advierte de resistencia organizada y riesgo político y social en el trópico de Cochabamba en caso de aprehender al dirigente cocalero.
El expresidente Evo Morales fue imputado por el delito de trata y tráfico de personas agravada, según confirmó la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
La imputación se basa en la denuncia que lo vincula a una relación con una menor de 15 años en 2015, de la cual habría nacido una niña. Además hay una orden de aprehensión vigente en su contra, junto con una alerta migratoria para evitar que salga del país.
La imputación también incluye a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, Cindy S. V. P., por su supuesta complicidad en los hechos. Tanto Morales como Pozo fueron citados a declarar por edicto el 1 de diciembre, pero ninguno cumplió con la convocatoria, lo que llevó a la Fiscalía a emitir las órdenes de aprehensión
“Hoy hemos presentado la imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Ayma y la señora Idelsa Pozo Saavedra por trata de personas agravada”, anunció Gutiérrez en una conferencia.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación se inició en septiembre, luego de que un informe policial revelara la relación entre Morales y la menor, que habría ocurrido en Yacuiba. Según las indagaciones, esta relación comenzó cuando la joven tenía 15 años, lo que constituye un delito de trata de personas. La Fiscalía ha acumulado más de 10 carpetas con pruebas, incluyendo informes de inteligencia y testimonios.
En octubre, la Fiscalía emitió una primera orden de aprehensión firmada por la directora funcional de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, y los fiscales Cristian Guerrero y Andrés Soruco. Sin embargo, Morales interpuso una acción de libertad en Santa Cruz que anuló temporalmente la orden.
Este hecho generó tensiones en el Ministerio Público, lo que llevó al entonces fiscal general Juan Lanchipa a destituir a Gutiérrez, una decisión que luego fue revocada por una sala judicial de La Paz.
Mientras tanto, la víctima, su madre y su hija desaparecieron poco después de iniciada la investigación, y su paradero es desconocido hasta el momento. Esto ha complicado el proceso y levantado alarmas sobre su paradero.
Morales, por su parte, permanece replegado en el Chapare, su principal bastión político. Desde allí lideró un bloqueo de carreteras entre octubre y noviembre que aisló Cochabamba y dificultó la ejecución de la orden de aprehensión.
El único implicado que ha enfrentado la justicia hasta el momento es Emeterio Vargas Mamani, padre de la víctima, quien fue aprehendido en octubre y actualmente guarda detención preventiva.
La fiscal Gutiérrez, ratificada en su cargo por el nuevo fiscal general, Roger Mariaca, afirmó que continuará con la investigación pese a los obstáculos enfrentados. “Estamos comprometidos a esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima. Este caso no quedará en la impunidad”, aseguró durante su declaración a la prensa.
Resistencia
Gutiérrez reveló que la Policía no pudo ejecutar la orden de aprehensión en contra de Morales, quien se encuentra en el Chapare, porque el operativo puede desatar una resistencia organizada y provocar un riesgo político y social en esa región, de acuerdo a informes de inteligencia.
“Son varios los informes donde los policías nos justificaban por qué no se podía lograr la aprehensión de Morales Ayma. Nos hablan que se encuentran con protección las áreas de influencia donde él se encontraría, sobre el domicilio que él habría dado también indican que se encuentra inhabitado y sin movimientos sustanciales”, explicó.
En otro informe, los agentes de inteligencia refieren: “Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos, particularmente en la región de Villa Tunari y Lauca Ñ, considerada un bastión de apoyo al exmandatario, los riesgos principales incluyen confrontación y seguridad de los funcionarios”.
Además de “resistencia organizada, riesgo político y social, dificultades logísticas, son un sinnúmero, y esto es lo poco que les traigo acá, de todo lo que tenemos de los informes que nos hacían llegar a diario”, explicó la fiscal.
De hecho, el propio Morales reveló que es custodiado por más de 500 personas en el Chapare, donde terminó replegándose desde que se conoció la investigación por mantener una relación con una menor que actualmente está desaparecida. El domingo, cuando fue a votar en las elecciones judiciales, estuvo acompañado por una caravana de vehículos y varias personas.
Desde septiembre, cuando empezaron las investigaciones, la Fiscalía de Tarija acumuló “más de 10 cuerpos” de datos que serán presentados ante la justicia cuando Morales y Pozo Saavedra sean aprehendidos.
La Paz/AEP
