En los conflictos de la empresa española Copasa y la rusa Human Vaccine.
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que, a través de negociaciones y acciones estratégicas, logró un ahorro superior a $US 30 millones para el Estado boliviano, al resolver de manera favorable dos casos emblemáticos.
El ahorro para el Estado está referido al conflicto con la empresa española Copasa, vinculado a un proyecto carretero, y el reclamo de la empresa rusa Human Vaccine por la adquisición de vacunas Sputnik.
CASO COPASA
En el conflicto con la empresa española Copasa, relacionado con el proyecto carretero Nazacara-Hito IV, la Procuraduría consiguió evitar gastos por más de $us 10 millones en arbitraje interno.
El proceso comenzó el 31 de julio de 2021, cuando Copasa presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), exigiendo un resarcimiento económico y denunciando presuntos incumplimientos contractuales por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Luego de extensas negociaciones iniciadas el 8 de enero de 2024, se suscribieron 10 acuerdos de suspensión del procedimiento, el último firmado el 5 de diciembre de este año. Este acuerdo transaccional, propiciado por un dictamen procuradurial emitido el 2 de diciembre, permitió resolver el conflicto sin entrar en demanda.
“Este acuerdo evita un litigio que podría haber durado más de dos años, permitiendo al Estado redirigir esos recursos a proyectos prioritarios”, destacó el procurador general a.i. Sydney Morales Medina durante una conferencia de prensa.
CASO VACUNAS
En otro frente, la Procuraduría lideró una mediación con la empresa rusa Human Vaccine, que reclamaba el pago de 2.730.040 dosis de vacunas Sputnik no adquiridas, con un costo que supera los $us 27 millones.
La Procuraduría coordinó reuniones con la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass), Vacunas Humanas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, logrando un desistimiento voluntario por parte de la empresa y evitando un arbitraje interno.
“Esta mediación no solo protegió los recursos del Estado, sino que también creó un precedente para resolver disputas mediante el diálogo antes de recurrir a procesos litigiosos”, resaltó Morales.
Ambos casos reflejan un cambio de enfoque en la labor de la Procuraduría. Según Morales, la institución no se limita al litigio, sino que ahora prioriza la prevención y la resolución amistosa de conflictos para evitar largos y costosos arbitrajes.
Por su parte, Andrés Antezana, director de Arbitraje Internacional, y Ximena Fajardo, directora de Derechos Humanos y Medio Ambiente, destacaron que estas acciones refuerzan el compromiso de la Procuraduría con proteger los intereses económicos y jurídicos del Estado boliviano.
El Alto/AEP
