La decisión judicial se instruye en mérito a que se acreditaron suficientes riesgos procesales de fuga y obstaculización en la conducta procesal de ambos imputados.
Los procesados por el golpe fallido podrían recibir una pena de 25 años, de acuerdo con información del procurador general del Estado, César Siles.
El procurador informó que el Ministerio Público amplió la investigación de dos a cinco delitos contras las 24 personas involucradas en el golpe de Estado fallido del 26 de junio.
Los gobiernos municipales a los que llegó la asistencia estatal son Moro Moro, Quirusillas y Postrervalle, informó el presidente Luis Arce Catacora.
Esta decisión fue aplaudida por activistas defensores de los derechos humanos, entre ellos el jurista estadounidense Thomas Becker.
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