El brasileño es miembro del Comando Vermelho y era buscado en su país por feminicidio, organización delictuosa, tráfico de drogas, porte de armas de fuego, entre otros delitos.
Es acusado de explotación ilegal de recursos minerales, compra ilegal de recursos minerales y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
Según la Procuraduría, en este proceso se estableció un daño económico al Estado de Bs 11.757.397.
El privado de libertad intentó darse a la fuga por uno de los muros colindantes a una vivienda particular.
El presidente además resaltó que en el último año se ejecutaron 480 operativos con el objetivo de combatir el tráfico ilícito de drogas en el departamento.
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