La Fiscalía sostiene que todos los implicados participaron de forma activa en una serie de acciones destinadas a alterar el orden constitucional, utilizando fuerzas militares para ingresar a la plaza Murillo, sede del poder político en Bolivia, generando zozobra entre la población y un grave riesgo institucional.
El área afectada forma parte de una zona de intervención integral donde, desde 2023, se ejecutaron obras de “gran magnitud” destinadas a reducir riesgos.