“Misión cumplida”, parece ser el grito de satisfacción de la oposición debido a que el sabotaje sistemático y constante realizado en la Asamblea Legislativa ya tiene su primer fruto, ya que la calificadora de riesgo Standard & Poors redujo la calificación a Bolivia, con base en dos aspectos principales.

Los golpistas de 2019 que apoyaron al gobierno de facto de Jeanine Añez, cometiendo delitos permanentemente y poco a poco están siendo detenidos y sentenciados, ya formaron sus grupos políticos y lanzaron sus candidaturas para las elecciones generales de 2025.

Lo más valorable en la generación mirista fue “el espíritu mirista”, ese ímpetu de juventud que contemplaba un trabajo colectivo, en equipo, con solidaridad, compañerismo —hasta equiparar una familia—, con inteligencia y sobre todo valentía (sabiendo que cada día quizás era el último, porque la represión dictatorial no tenía tregua).

Según sostiene el presidente electo Javier Milei, si su gobierno no aplica un fuerte ajuste se producirá una hiperinflación que va a generar un 90% de pobreza. En paralelo, Mauricio Macri habló de la necesidad de aplicar un ajuste “bestial”. ¿Qué están diciendo? Que el ajuste es el costo que hay que pagar para no ir al escenario de “la peor crisis de toda nuestra historia”. Ello, por supuesto, no es necesariamente así.

En los últimos tiempos, desarrollar una cultura de innovación es un reto muy divergente. Bolivia no es un país que se queda fuera de aquello, sino comprende que la ciencia avanza, las disciplinas académicas se desarrollan, las sociedades adquieren nuevas problemáticas y sensibilidades, las estrategias pedagógicas evolucionan, las sociedades requieren mayor calidad en los procesos educativos. Nos referimos a la actualización e innovación curricular que implica ciertas modificaciones y reestructuraciones de contenidos según necesidades y problemáticas en el sistema educativo.

El sistema financiero boliviano ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, pasando de priorizar exclusivamente los beneficios de la banca a centrarse en los derechos y necesidades de los consumidores financieros. Este cambio de paradigma se materializó con la promulgación de la Ley de Servicios Financieros N°393 en agosto de 2013, marcando un giro crucial en la prestación de estos servicios.