Los golpistas citados por la Fiscalía, por los delitos cometidos durante los 36 días de paro y bloqueo impuesto mediante actos terroristas en Santa Cruz —entre el 22 de octubre y 26 de noviembre de 2022—, acogiéndose a su derecho al silencio, quieren sembrar la mentira de que esos delitos no tienen autores y los denunciados no sean aprehendidos, detenidos preventivamente ni condenados y queden impunes; plan que no surge de la nada, sino de la necesidad —urgente— de que los denunciados Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la UAGRM -—presidente del Comité interinstitucional—; Reinerio Vargas, vicerrector; José Luis Satistevan, asesor del Comité Interinstitucional; Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra, y otros, que cometieron los delitos de instigación pública a delinquir, asesinato, violación, lesiones gravísimas, racismo, discriminación, terrorismo, financiamiento del terrorismo, separatismo, extorsión, coacción, robo agravado, amenazas, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos contra la salud pública, atentados contra la libertad de enseñanza, atentados contra la libertad de trabajo, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, secuestro y otros, tipificados en el Código Penal, queden impunes. Astuta idea y estrategia, pero como la mentira tiene patas cortas, fracasará.