Corrupción, disputas de poder y el intento de establecer orden en una población en crecimiento.
Desde el Taller del Historiador analizamos en esta ocasión el desarrollo urbanístico de Uncía, marcado por su reconocimiento como población urbana. Su condición de sede de una de las más importantes empresas industriales demandaba mayor atención de las autoridades departamentales y provinciales, así como la necesidad de establecer una Intendencia de Policía para mantener el orden en un centro minero que atraía como imán a habitantes de diversas regiones e incluso de otros países. Emerge en esta crónica el nombre de Benjamín Zilvetti, cuyo papel para consolidar la creación de la Intendencia de Uncía fue crucial.
Inspección del subprefecto Benjamín Zilvetti a Uncía, en 1905
Con la designación del intendente Torrico, muy pronto el ejercicio de su autoridad devino en abuso de poder. Empezó a incurrir en actos contrarios al ordenamiento jurídico, tratando de anular la actuación del corregidor y cualquier otro mecanismo de control o autoridad, así fuera de carácter temporal, dentro de la población. El límite de ese poder eran las empresas, únicamente.
El nuevo subprefecto de la provincia Charcas, Benjamín Zilvetti, recibió un oficio remitido por el presidente del Comité Patriótico de Uncía, organizado, como era costumbre, para celebrar la fiesta nacional del 6 de agosto. Este denunciaba que: “... el Intendente Torrico en unión de los agentes cantonales habían formado otro grupo (léase: otro Comité Patriótico) reunido por los policiales a la fuerza y con amenazas, y que en sus reuniones desconocían la autoridad del corregidor, constituyendo un verdadero peligro para el orden público” (1).
El Comité Patriótico había buscado una conciliación sin conseguirlo, porque el grupo formado por el intendente se encontraba envalentonado por el apoyo de la Policía. El subprefecto redactó un enérgico oficio y lo remitió inmediatamente al intendente Torrico, recordándole sus funciones e imponiéndole “que dejara de formar cabeza en el grupo que él mismo había creado, que procurara la unión de ambos grupos y por último le indicaba que el puesto de él era estar en su policía para el respeto del orden”.
Pero, nuevamente se recibió otra denuncia, esta vez del corregidor de Uncía contra el Intendente Torrico, por lo que el subprefecto Zilvetti decidió pasar el tema a conocimiento del fiscal de partido. Señaló: “veo que el Sr. Torrico no conviene para Uncía por los muchos abusos que ha cometido por los que está acusado por la oposición que tiene por haber contribuido directamente a la separación para las fiestas del 6, pudiendo haber motivado un verdadero desorden, para la conciliación de Uncía que es un centro que merece toda atención por su importancia minera y para la consideración de las muchas clases sociales que lo componen pido sea retirado de su puesto el Intendente Torrico. No indico la persona con la que deba ser cambiado, por no encontrarlo en estos lugares y en esa se podría encontrar una buena persona” (2).
La búsqueda de un hombre idóneo fue infructuosa, pero finalmente Zilvetti logró interesar a José Antonio Rico, un respetado vecino de la región, para reemplazar al cuestionado Intendente Torrico. Lamentablemente los diligentes trámites del subprefecto no prosperaron. En el interín recibió la petición de Uncía de reponer como corregidor a Celedonio Sanabria. Para entonces, las principales autoridades provinciales y departamentales ya reconocían la importancia de Uncía, dado el crecido número de su población que aumentaba diariamente, y por las diferentes clases sociales que lo componían, entre los que destacaban los súbditos extranjeros e industriales mineros, quienes, a juicio del subprefecto, merecían toda atención por ser Uncía uno de los principales centros mineros, no solo del departamento de Potosí, sino de la República.
Esa situación llevó al subprefecto a organizar una inspección en los minerales de Uncía y formarse un juicio cabal para tomar medidas radicales, en resguardo de la armonía del vecindario, convencido de la necesidad de destituir al intendente Torrico. La primera medida fue el nombramiento de Francisco Velasco como corregidor interino, y solicitó a la Prefectura “se sirva mandar su nombramiento en forma”.
La estadía del subprefecto en Uncía tranquilizó los ánimos de la población que se encontraba exaltada, y empezó a recibir numerosas quejas contra el intendente Torrico, procedente de todas las clases sociales “... incluso la indiada y aún de los celadores de la policía, reclamándole sueldos, según consta de una acta levantada en la misma policía de ese lugar”.
El subprefecto estaba convencido de actuar oportunamente, empeñado en cortar de raíz el problema de la ingobernabilidad y la corrupción, que a esa altura de los acontecimientos eran innegables.
Primeros pasos de la Intendencia de Policía de Uncía
Durante su inspección en Uncía en septiembre, el subprefecto propició una reunión con el intendente, en el que recibieron las quejas y denuncias sobre su gestión policial. El diligente subprefecto documentó esta reunión y ordenó levantar un acta. En el documento señala: “el intendente Torrico cobró multas por los meses de abril, mayo, junio y septiembre, haciendo una suma de 210 de los cuales no informó al subprefecto Zilvetti, a lo que el Intendente indicó haber sido autorizado por el ex-subprefecto Laguna para hacer uso de las multas en los gastos precisos (para hacer una reja, por ej.), y que esta autorización consta en un oficio que el Intendente no lo tiene a mano. El Subprefecto hace notar que se han cobrado multas que no están asentadas en el libro, por un valor de 141 Bs. (por ej. multa cobrada a Andres Kukoc y muchos otros), pero el Intendente afirma no conocerlos. Hubo quejas de abusos a los del pueblo (quienes además de pagar la multa sufren arresto) y la indiada (a la que se le obliga a traer por la fuerza ovejas) a lo que el acusado indica que es falso. Se le acusó de no tener pagados al día a los celadores, a lo que dijo que están al día con excepción de agosto por no haber recibido los fondos; se presentó el ex-celador Mariano Ugarte reclamando sus haberes por cuatro meses, pero el Intendente le contestó que no se le debía nada; el celador en servicio Feliciano Muñoz reclamó por tres meses sin contar agosto, también negó”.
Con ese conjunto de medidas en beneficio del desarrollo socio urbano de Uncía, y una vez levantado el Acta de Agravios contra el intendente, el subprefecto retornó a la sede de sus funciones, sin lograr la destitución del intendente Torrico, pero llegando a un acuerdo que garantizara la correcta administración de la ley, para lo cual el intendente debía mantener fluida comunicación con la subprefectura. La autoridad provincial había ratificado esos términos en comunicación oficial, luego de señalar la obligación del intendente Torrico de enviar un parte semanal de las ocurrencias de Policía, y remitir mensualmente una descripción detallada, con el visto bueno del corregidor, a quien le instruyó la revisión del libro de multas, puesto que la inspección ocular que hizo en Uncía encontró una serie de indicios de malos manejos.
En su correspondencia, fechada en San Pedro, el 8 de noviembre de 1905, el subprefecto informó a su superior que “siente tener que ocuparse nuevamente del asunto de la Intendencia de Uncía”, haciendo saber que desde su regreso de Uncía no recibió un solo oficio del intendente Torrico. Basándose en el parte del corregidor de Uncía, denunció que aquel no había pagado los sueldos que se les debía a los celadores.
Por su parte, el corregidor de Chayanta informó lo siguiente en su oficio de 31 de octubre: “los indios se quejan mucho contra el Intendente de Uncía, que cada día hace reunir corderos, gallinas, huevos, etc., sin pagarles un solo centavo y los vigilantes se han acostumbrado a romper cabezas a punta de culatazos. Sabrá Ud. remediar como autoridad principal de esta provincia”.
El establecimiento de la Intendencia de Policía en Uncía había provocado problemas antes inexistentes en esa región, y su solución era imperiosa, máxime si se toma en cuenta que fue su antecesor quien estableció la misma y designó al intendente. Por esa situación, su relación epistolar con el prefecto sobre el tema lo asumía con mucha delicadeza: “le pido disculpas al volver a insistir que es indispensable el cambio de Intendente, pues las personas serias de Uncía se encuentran muy resentidas porque todavía continúe en su puesto, y la indiada de Chayanta que es mucha y de mal carácter está muy agriada y me temo que hubiera un alzamiento lo que pondría en serio conflicto, no solamente en la provincia, sino hasta en el país, que podría tomar proporciones serias. Al Sr. José Antonio Rico, he logrado comprometerlo, esperé hasta recibir su contestación, pues por el mucho tiempo que ha pasado, en el que debía ir a Uncía, a hacerse cargo de la intendencia, me dijo que desistía, pero como le digo que le he comprometido nuevamente” (3).
No obstante, la situación no había experimentado mayores cambios hasta el 20 de diciembre de 1905, fecha en que envió una nueva correspondencia al prefecto, informándole que el intendente seguía en su cargo y se le exigía el pago de sus cuentas. Es más, la situación tomó otro curso cuando recibió quejas del intendente sobre la carencia de recursos para el sostenimiento de la Intendencia de Uncía. El subprefecto se vio obligado a reconocer ante el prefecto que: “... en cuanto al alquiler de la policía de Uncía me permito decirle que es justo el reclamo que hace el Intendente, pues en este pueblo nuevo que recién se está haciendo no hay ningún edificio fiscal y naturalmente ha tenido que tomar en arriendo una pequeña casa”.
Primeros avances urbanísticos del pueblo nuevo de Uncía
Los vecinos supieron aprovechar la presencia de la primera autoridad provincial para exponer sus más premiosos requerimientos. El vecindario solicitó al subprefecto interceder ante el ministro de Instrucción para la creación de una escuela en Uncía, “pues lo piden sus vecinos y con razón, pues hay muchos niños”, sobre todo considerando que los pobladores estaban dispuestos a proporcionar algún local apropiado, hasta que se pueda construir uno con dicho objeto.
Otra obra considerada de importancia comercial y aun de interés público era el tendido de una línea telegráfica, que partiendo de la estación del ferrocarril en Machacamarca continuaría a Huanuni, Llallagua, hasta Uncía. Los estudios mandados a elaborar por Zilvetti demostraban que esta línea era la más corta y, por consiguiente, la menos costosa, con enorme e indiscutible beneficio de los tres grandes minerales, que por entonces formaban el eje minero-industrial más importante del país.
La propuesta del subprefecto concitó el interés de las empresas mineras y los comerciantes, quienes ofrecieron colaborar con algún dinero si hubiera necesidad. Sin embargo, el bajo costo de la inversión, que no representaba más de Bs 6.000, era considerada por el subprefecto en realidad una pequeña suma, y expresó, con buen criterio, su negativa a aceptar la acuotación ofrecida para garantizar así “la verdadera independencia que debe tener el telégrafo”. Esta era una expresión de la supremacía del Estado sobre la empresa minera, a la que miraba como subalterna.
A su paso por Oruro, al retornar a San Pedro, el subprefecto inició las gestiones para que se presente el proyecto del telégrafo a la Cámara de Diputados, y expidió un informe al prefecto “agradeciéndole su colaboración ante el Supremo Gobierno y antes sus relaciones en las Cámaras, para su viabilidad”.
La difícil gestión del intendente Torrico y la impotencia del subprefecto muestran claramente las dificultades iniciales de imponer el principio de autoridad en una región poco acostumbrada a respetar la autoridad establecida, pero al mismo tiempo mostró las tendencias de una población a destituir y designar autoridades en base a simpatías y antipatías.
Quizá la reacción de la denominada “indiada” de Chayanta sea la que exprese en su justa medida el rol oprobioso de las primeras autoridades policiales, que se dedicaron al pillaje y la exacción, repitiendo las mismas taras que desprestigiaron las funciones de los corregidores.
Los reclamos de vecinos de Uncía, como Kukoc, por ejemplo, pueden expresar el desaire de personajes que antes nunca fueron objeto de observación, pues en los hechos eran los dueños y señores de la población. Por otra parte, es interesante observar el marcado interés de las empresas mineras para consolidar la presencia de la Policía en Uncía, mucho antes que esta población sea reconocida oficialmente en el Presupuesto Departamental, pero, como se ha podido ver, su interés se enmarcaba en poner orden en la masa trabajadora para controlar los excesos de embriaguez que ya se manifestaban y afectaban el normal desenvolvimiento del trabajo minero.
Ante la creación de la Intendencia de Policía en Uncía, la reacción de los vecinos de Chayanta señala que se había afectado a su economía, al decidir de manera unilateral disponer los fondos necesarios para el sostenimiento de la Intendencia de Uncía, en detrimento del presupuesto de la Villa de Chayanta, donde se suprimió este cargo. Chayanta señalaba con el dedo acusador de su decadencia a Uncía.
1 Oficio del Comité Patriótico de Uncía del 31 de julio de 1905.
2 Oficio del Subprefecto B. Zilvetti, del 9 de agosto de 1905.
3 Oficio del 8 de noviembre de 1905, del Subprefecto Zilvetti al Prefecto.
Por: Luis Oporto Ordóñez/
Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas. Docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
