El ministro Marcelo Montenegro afirmó que una eventual inclusión del país en la “lista gris” del organismo será por la falta de una ley de ganancias ilícitas.
Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) luego de la evaluación de 2021. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que la oposición será responsable ante una eventual inclusión del país en la “lista gris” del organismo.
La autoridad afirmó que se aguarda un pronunciamiento oficial del GAFI en las próximas semanas.
“El GAFI aún no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre Bolivia. La evaluación formal se conocerá en el pleno que se desarrollará este mes”, explicó en una conferencia de prensa que ofreció con la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche.
Precisó que el Ejecutivo, en el ámbito de sus competencias, adoptó medidas concretas para fortalecer el sistema nacional contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo persisten tareas pendientes, entre las más importantes está la aprobación de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo internacional y otras normas con rango de ley que son necesarias.
ORGANISMO
El GAFI, al que se han adherido 187 países en el mundo, es el organismo intergubernamental que lidera la lucha global contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que promueve el cumplimiento de estándares internacionales para prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad.
Según los estándares del GAFI, las técnicas especiales de investigación son una herramienta clave para la lucha contra el lavado de activos y deben estar expresamente contempladas en una norma con rango de ley.
La “lista gris” es un registro público de países que, según el GAFI, presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros. Estos países son considerados “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”.
RECHAZO
La Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo N° 1386 fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto de 2021.
Sin embargo, la norma fue abrogada en noviembre de ese mismo año, luego de movilizaciones promovidas por sectores políticos que se opusieron a su aplicación con el argumento de que esta ley iba a afectar las actividades económicas del sector informal, entre otros argumentos.
El Ejecutivo planteó dos proyectos de ley en septiembre de 2021 y febrero de 2023 (PL218 y PL 280) con la finalidad de fortalecer la lucha contra el lavado de activos. Sin embargo, el tratamiento de los proyectos fue paralizado en la ALP por la oposición.
AEP
