Se debe analizar los costos que implica volver a una nómina que genera desconfianza financiera en la comunidad internacional.
La Paz, 08 de abril de 2023 (AEP).- El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, advirtió de que Bolivia podría volver a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si no se adecúa la normativa nacional a estándares internacionales, lo que traería consecuencias para los productores del país.
“Si no cumplimos las recomendaciones, retornamos a la lista gris de países observados que probablemente tienen normas muy permisivas y que estuviesen siendo los escenarios de lavado de estos activos que vienen del narcotráfico”, explicó el asambleísta.
El Grupo de Acción Financiera Internacional es una institución intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8. El propósito del GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) explicó que en 2011 Bolivia fue evaluada por el GAFI y la ubicó en la lista gris que comprende a los países con deficiencias en el combate a delitos como el enriquecimiento ilícito o lavado dinero y el financiamiento del terrorismo.
El ordenamiento jurídico nacional estaba en contraste con los estándares internacionales; a pesar de eso, el país logró salir de la lista mencionada con recomendaciones del organismo internacional.
Por eso, estar incluidos en esa lista es un problema para los Estados, ya que implica desconfianza internacional y desprotección de sus sistemas financieros. Las malas calificaciones en las evaluaciones del GAFI pueden implicar el ingreso a la lista gris y eso afecta a todo el sistema, ya que aumenta el riesgo del país.
Al no delimitar la normativa vigente y no seguir las recomendaciones del GAFI, el país corre el riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria, otros Estados pueden optar por no operar con Bolivia porque sus recursos podrían corresponder a actividades ilícitas.
Jáuregui señaló que se debe analizar los costos que implica volver a la lista gris, ya que los bancos extranjeros se verían impedidos de realizar transferencias de fondos, con el correspondiente daño económico a los importadores y exportadores bolivianos.
“El sector exportador e importador de Santa Cruz es el que más se perjudicaría, ya que viviría el encarecimiento de los servicios bancarios, aplicado por los demás países sedes de las corresponsalías extranjeras”, explicó el diputado.
Siendo optimistas y teniendo en cuenta que el comercio no se detiene, podrían no cerrar las cuentas, pero si se decide hacer negocios con Bolivia, de pagar un 1% o 2% -como todos- se podría correr el riesgo de pagar comisiones del 7% por el riesgo que se correría con el país.
En consecuencia, los costos se incrementarían para los importadores y exportadores en Bolivia, las exigencias aumentarían y aplicarían una diligencia ampliada al país con su correspondiente coste económico financiero, con cargo a los bancos locales y su posterior traslado de precios a los clientes nacionales, o sea, el aumento de precios de las comisiones bancarias a los clientes por transacciones al exterior.
“Se reducirán notablemente las exportaciones e importaciones debido a las dificultades para realizar transferencias de fondos al o del exterior. Un país en la lista gris es considerado una jurisdicción riesgosa y asociada a la falta de transparencia en las actividades y cumplimiento de los estándares internacionales”, aclaró Jáuregui.
Para el analista Israel Quino, la adecuación penal responde a un requerimiento internacional que debe cumplirse.
“(El proyecto de ley) solamente va a adecuar un tipo penal que tiene que ver con una recomendación a nivel internacional a los delitos efecto del terrorismo, del financiamiento al terrorismo, para que tengan un nivel de investigación transnacional. Es decir, quienes tengan un patrimonio vinculado estrictamente hacia actos terroristas y eso genere una consecuencia ilegítima de sus ganancias, eso sí va a ser investigado”, expuso.
Este mes, el GAFI evaluará nuevamente al país sobre el combate a la legitimación de ganancias ilícitas y una de las deudas que tiene Bolivia para cumplir las 40 recomendaciones de esa institución es mejorar el sistema jurídico penal, específicamente en cuanto a delitos de terrorismo y de ganancias ilícitas.
