Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, difundido por DTV, reveló que más de 50 empresarios accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000 millones.
La Paz, 31 de mayo de 2023 (AEP).- Analistas coinciden en señalar que “grupos cruceños de poder económico” usaron al Banco Fassil para articular una “estafa piramidal” que permitió beneficiar a por lo menos 50 empresarios y firmas con créditos vinculados, indicio de “ganancias ilícitas”.
“Son 50 empresas cruceñas que han estado implicadas en esta estafa piramidal en Santa Cruz, un esquema aplicado por el Banco Fassil para enriquecer a grupos empresariales de poder económico”, expresó el analista económico Martín Moreira.
Comentó además que en mayo se emitió un informe completo sobre el estado de cuentas del Banco Fassil, que permite develar los nexos de esta entidad intervenida, que funcionaba casi como una inmobiliaria, con operaciones de venta y compra de inmuebles y la otorgación de determinados favores —créditos vinculados— para “ciertos grupos o logias empresariales”.
Santa Cruz Financial Group (SCFG) fungía como el principal socio del Banco Fassil y otras firmas con las cuales se aplicó el esquema financiero en el que se pagan intereses con las propias inversiones o la de los inversores nuevos, y no por medio de ganancias legítimas. Este método es conocido como estafa piramidal o de Ponzi, se especifica en reporte de Bolivia TV.
Este esquema de estafa es el que habría usado Santa Cruz Financial Group, firma que compraba inmuebles a precios de mercado a terceras personas y luego los vendía al Banco Fassil a precios mayores. En este caso serían al menos 244 inmuebles comercializados bajo esa modalidad.
Además, en otro esquema de captación de fondos, se hizo evidente que el Banco Fassil aprobaba créditos millonarios a personas que no tenían respaldo o garantías suficientes, pero otorgaba montos altos, superiores a su techo máximo. Además de estos créditos, los responsables debían traspasar un porcentaje del préstamo en favor de la firma Santa Cruz Financial Group.
De acuerdo con un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, difundido por DTV, se reveló que más de 50 empresarios accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000 millones del Banco Fassil y los desviaron a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021.
Según el informe de DTV, todas las empresas expuestas tienen a los mismos directores; por ejemplo Ricardo Mertens era presidente del Banco Fassil, pero también de Santa Cruz Financial Group y de otras empresas vinculadas al grupo empresarial.
Este hecho específico vulnera la Ley de Servicios Financieros, que prohíbe las operaciones financieras con empresas vinculadas a un banco, como es el caso de Fassil.
El método que se aplicó y funcionó casi a la perfección en los últimos años habría provocado la iliquidez.
Para el analista económico Juan José Bedregal, se ve que “hay un caso fuerte aquí, hay una estructura complicada detrás de todo esto que quizás estaba incluso en negocios con una fachada para legitimación de ganancias ilícitas. Y aquí nos muestra la importancia de contar en el país con una normativa de lucha contra este flagelo, la lucha contra la legitimación de ganancias”.
“Esto nos muestra que se está replicando una estructura mediante la cual estos grupos financieros captan depósitos del público y los distribuyen y canalizan discrecionalmente hasta ciertos grupos empresariales. Esto ya ocurrió en los años 90 con los bancos que han quebrado como el Bidesa, Banco Sur, Banco de La Paz, Banco Boliviano Americano y tantos otros”, sostuvo a Bolivia TV.
Según un informe de la UIF, Fassil destinaba cada mes $us 360.000 para el pago de dietas a siete directores y un síndico. Cada uno recibía $us 45.000 por ocho reuniones al mes.
Los seis directores, entre ellos Juan Ricardo Mertens, percibían —cada uno— $us 60.000 por concepto de dietas de las empresas Santa Cruz Financial Group.
Mertens recibía mensualmente por concepto de dietas $us 45.000 del Banco Fassil y $us 60.000 de las empresas accionistas de la entidad financiera intervenida. Percibió entre el 8 de febrero de 2018 y el 27 de mayo de 2021 $us 2,36 millones por este concepto, de las empresas que son propiedad de SCFG.
