Forman parte de la política de industrialización del Gobierno nacional.

“Es una represalia a la suspensión de esta empresa, que posee más de 100 cisternas”, manifestó la ejecutiva Gabriela Delgadillo en una rueda de prensa.

El objetivo del compromiso es proyectar “volúmenes de importación” de combustibles por los puertos peruanos de Mollendo, Pisco y Callao.

Se pretende evitar las actividades ilícitas, como la reventa de carburantes.