Se reafirmó también la convicción del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La posición surge en respuesta a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que instaron al desarrollo pacífico de las manifestaciones en Bolivia, con relación a la marcha que impulsa Morales.
El ministro Eduardo Del Castillo se comprometió a facilitar el traslado del dirigente cocalero para evitar la confrontación.
Juan Zelaya, ejecutivo de la Federación de Campesinos San Borja, del Beni, lamentó que Morales lleve al enfrentamiento entre bolivianos y lo invitó a, más bien, ayudar a apagar incendios.
Una encuesta de la empresa Diagnosis indica que el 70% de la población está en desacuerdo con la solicitud de dimisión del Primer Mandatario.
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