Se trata de un cuarto intermedio en el proceso penal contra Camacho y Pumari, luego de la presentación de testigos de cargo contra los imputados.
El juicio por el caso Golpe de Estado I contra los excívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho avanzó ayer lunes con la presentación de testigos e ingresó en un cuarto intermedio hasta el 20 de marzo.
“Ha declarado cuarto intermedio hasta la próxima semana, hasta el jueves 20 de marzo (…) Sin embargo, el día de hoy (lunes) se ha avanzado con las pruebas testificales del Ministerio de Gobierno”, informó el abogado de Camacho, Martín Camacho, en contacto con la prensa.
El tribunal de juicio debe fijar una posición sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Camacho en contra del delito de terrorismo. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la demanda.
Luego de la suspensión de la audiencia, ambos acusados fueron trasladados a las cárceles de Chonchocoro, a Camacho, y de San Pedro, a Pumari.
Datos
El caso Golpe de Estado I fue activado por la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
La Fiscalía investigó delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros en los hechos de violencia de 2019 que acabaron con la dimisión de Evo Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Añez.
Entre las pruebas están las transferencias bancarias realizadas por Camacho al excomandante de la Fuerza Aérea durante las protestas de noviembre de ese año.
También se refiere a los hechos registrados antes de la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.
El entonces mandatario fue forzado a dejar el cargo en medio de una crisis social y política que se agravó después de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
Las manifestaciones ciudadanas se intensificaron en todas las ciudades del país, principalmente en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí donde se registraron atentados contra los tribunales electorales departamentales como la quema de sus edificios.
La violencia escaló a niveles en los que las fuerzas de seguridad del Estado dispararon contra civiles desarmados en El Alto y Sacaba, provocando una veintena de fallecidos, cientos de heridos y miles de perseguidos en la amplia geografía nacional.
AEP
