No lograron encontrar prueba alguna del supuesto fraude electoral y los exvocales fueron sobreseidos después de la recuperación de la democracia.
La Paz, 03 de abril de 2023 (AEP).- Martín Camacho, actual abogado del encarcelado gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, fue el juez que encarceló indebidamente a los vocales del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz en 2019, develó el director del INRA y exvocal electoral Eulogio Núñez.
“El juez que nos perseguía en Santa Cruz se llama Martín Camacho, seguramente una persona infiltrada dentro de la justicia, porque no hubo ningún sorteo de la causa y caímos en manos de este juez, y antes de la recuperación de la democracia renunció y volvió de donde salió, asesor del Comité Cívico pro Santa Cruz y asesor del actual gobernador Fernando Camacho”, dijo a BTV.
Recordó que el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz en 2019 hizo el cómputo de las 8.621 mesas. En 36 horas ya se tenían los resultados. En aquella oportunidad ganó la oposición.
De acuerdo con Núñez, lo que ocasionó los grados de violencia en ese departamento, como la quema del tribunal, fueron las declaraciones de los miembros de la OEA que estaban de veedores, quienes emitieron una declaración de prensa cuando ni siquiera se había concluido el computo nacional. Afirmaban que debía haber una segunda vuelta pese a la diferencia de más de 10 puntos que el MAS tenía respecto de los derrotados.
“Eso no se había visto en ninguna parte del mundo, que un organismo internacional emita un criterio anticipado y político para estimular el conflicto. Eso hizo que se incendiara todo el país y se diera la interrupción del mandato”, afirmó.
Esa gestión hubo resguardo militar y policial para el traslado de las actas tanto en el área rural y urbana, como no ocurrió en anteriores elecciones. Además denunció que la OEA ni siquiera llegó a Santa Cruz para hacer la auditoría y preguntar a las autoridades electorales, explicó.
Núñez manifestó que él estuvo detenido 14 meses y 18 días, fue acosado, como los otros vocales, por los fiscales y la Procuraduría. No lograron encontrar prueba alguna del supuesto fraude electoral y fueron sobreseidos después de la recuperación de la democracia.
Ante todas esas agresiones a los derechos humanos de las exautoridades electorales, en cumplimiento a las recomendaciones del GIEI, el Gobierno organizó el lunes un acto de desagravio para lograr alguna reparación y devolver la dignidad a estas personas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, sobre el tema, dijo: “En palabras del exministro de Gobierno (Arturo Murillo) fueron cazados”, pero el régimen de facto no logró comprobar las acusaciones en contra de los exvocales ni tampoco sobre la supuesta denuncia de fraude electoral en los comicios de ese año, que provocó la ruptura del orden constitucional.
