El 25 de julio se instalará en Santa Cruz el juicio oral contra Fernando Camacho por el caso Decretazo y los delitos resoluciones contrarias a la CPE y las leyes.
Informes de Inteligencia de la Policía definirán el traslado o no del encarcelado gobernador Fernando Camacho a la ciudad de Santa Cruz, para el inicio del juicio oral por el caso Decretazo, este 25 de julio, informó ayer el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
El Juzgado Treceavo de Instrucción dispuso el fin de semana “conceder en parte la tutela” solicitada por la defensa de Camacho y ordenó que “el director del Régimen Penitenciario prevea todos los actos administrativos para el traslado de Luis Fernando Camacho, y en caso de impedimento” lo comunique “a la autoridad jurisdiccional”.
“El director del Recinto Penitenciario de Chonchocoro va a realizar la solicitud en lo que se refiere a los trámites administrativos, pero a la vez va a solicitar los informes de Inteligencia correspondientes, tanto al Comando General de la Policía, como al Comando Departamental de Santa Cruz”, explicó Ríos en declaraciones a la prensa.
Notificación
“En caso de evidenciarse algún impedimento (para el traslado)”, falta de garantías de seguridad o que se afecte “la integridad del privado de libertad”, será “notificado a la instancia competente como lo ha determinado la resolución”, explicó el ministro.
El proceso judicial gira en torno al Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022, por el cual Camacho delegó temporalmente sus funciones en Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, en lugar de que asuma el cargo de forma interina el entonces vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
Por esa decisión, Camacho es investigado por la denuncia de comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Ingresó al penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, en diciembre de 2022, luego de su aprehensión al existir una orden de captura emitida por el Ministerio Público.
Ríos reprochó que la defensa de Camacho distorsione la determinación judicial, pero, además, entorpezca el proceso judicial.
También recordó que Camacho enfrenta otros procesos, como el vinculado a la ruptura del orden constitucional en 2019 y por la adquisición irregular de un carro bombero.
AEP
