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Alcalde Arias. Foto: Archivo ABI

Juez ordena detención domiciliaria para el alcalde Iván Arias, acusado por violencia política

El 9 de septiembre de 2021, Chavarría y la exsubalcaldesa de Mallasa Sheyla Dávalos denunciaron hechos de corrupción y encubrimiento al interior de la Alcaldía de La Paz.

La Paz, 14 de noviembre de 2023 (ABI). – El Juzgado de Instrucción Anticorrupción 1 de La Paz ordenó este martes detención domiciliaria para el alcalde de La Paz, Iván Arias, investigado y acusado por violencia política, hecho que fue denunciado en 2021.

La exsubalcaldesa del macrodistrito Max Paredes y una de las denunciantes, Jaqueline Chavarría, informó que el burgomaestre no tendrá salidas laborales y que además deberá pagar una fianza de Bs 50.000.

“El juez en plena valoración (de las pruebas del caso) determina las medidas cautelares, la detención domiciliaria sin derecho a trabajo. Asimismo, una fianza de 50.000 bolivianos y las medidas de protección a mi persona. También se determina que el señor Arias no podría ingresar a la subalcaldía, que fue parte de los hechos de violencia”, informó Chavarría, en contacto con Bolivia Tv.

Arias fue imputado en enero de este año; sin embargo, la audiencia virtual de medidas cautelares se desarrolló la mañana de este martes, tras una serie de incidentes presentados por su defensa, con el objetivo de causar una retardación en el proceso penal, indicó la denunciante.

Violencia política

El 9 de septiembre de 2021, Chavarría y la exsubalcaldesa de Mallasa Sheyla Dávalos denunciaron hechos de corrupción y encubrimiento al interior de la Alcaldía de La Paz.

Las exautoridades revelaron que, tras presentar las denuncias a la Unidad de Trasparencia, fueron víctimas de acoso político y laboral para que desistan.

La Alcaldía paceña, en aquella oportunidad, emitió un comunicado contrariando la situación y pidiendo la renuncia de las autoridades acusándolas por hechos de corrupción.

Esa acusación fue desmentida por las exsubalcaldesas, quienes aseguraron que ello es parte del acoso político y laboral. Días después, denunciaron la vulneración a sus derechos ante la Fiscalía.


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