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La audiencia pública que llevó adelante el presidente de la CIDH, José Luis Caballero.

Justicia ratifica implementación de las recomendaciones del GIEI

El ministro Freddy Vidovic reiteró que las conclusiones involucran a todos los órganos del Estado boliviano y no solo al poder Ejecutivo.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Freddy Vidovic, afirmó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado boliviano mantiene su plena voluntad de avanzar en la implementación de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos violentos de 2019.

Durante su intervención en la audiencia de seguimiento, Vidovic destacó que existen acciones concretas ya ejecutadas y otras en curso, enmarcadas en los informes y conclusiones del organismo internacional.

“El Ministerio de Justicia está analizando las mejores vías para implementar estas recomendaciones en el marco de la legalidad y la constitucionalidad”, señaló.

Explicó también que el cumplimiento de estas conclusiones involucra a todos los órganos del Estado, y no solo al Ejecutivo, por lo que se continuará con el trabajo de coordinación interinstitucional.

APERTURA AL DIÁLOGO

Vidovic reiteró la apertura del Gobierno para sostener encuentros tripartitos entre el Ministerio de Justicia, la CIDH y las asociaciones de víctimas con el fin de escuchar sus preocupaciones y encontrar mecanismos viables para avanzar en la implementación de las recomendaciones.

Recordó que la cooperación con la CIDH se desarrolla mediante la Mesa de Seguimiento, espacio desde el cual se impulsan acciones técnicas y de acompañamiento institucional.

VÍAS LEGALES VIGENTES

En relación a los fallos recientes emitidos por la justicia ordinaria, el ministro explicó que algunas decisiones han dispuesto la devolución de obrados al juzgado de origen y su posterior envío a la Fiscalía General del Estado, instancia que debe tramitar los procesos conforme la Ley 044.

Informó además que, aunque las vías ordinarias se encuentran agotadas, las asociaciones de víctimas aún pueden recurrir a un amparo constitucional, cuyo plazo legal de presentación, de seis meses, continúa vigente.

Vidovic garantizó que el Ministerio de Justicia mantendrá la apertura ante la solicitud de cualquier información que sea necesaria para la organización junto a otros órganos del Estado.

Por su parte, el presidente de la CIDH y relator para Bolivia, José Luis Caballero, valoró la apertura del Estado, pero advirtió de que los compromisos deben traducirse en acciones concretas y verificables.

Durante la audiencia, Caballero destacó la disposición del Gobierno para coordinar con otras entidades y garantizar la participación de las víctimas de 2019.

AEP


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