El viceministro Daniel Vargas identificó que existen también actividades ilícitas como el tráfico de personas y el narcotráfico.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, alertó de que la frontera con Perú se está convirtiendo en una zona “crítica” porque existen grupos que “además de dedicarse al contrabando se dedican a otras actividades ilícitas”.
“Hemos visto que ahora la frontera con Perú se está volviendo un tanto crítica no solamente en relación con el contrabando. Hay regiones fronterizas, como el caso de Desaguadero y Puerto Acosta, donde los delincuentes no solo están dedicados al contrabando, sino también a otras actividades ilícitas como el tráfico de personas, drogas y de divisas”, alertó Vargas en contacto con Bolivia TV.
Ante esta situación, aseveró que se elaboró un plan interinstitucional ejecutado por los viceministerios de Comercio Interior, Desarrollo Rural y Agropecuario y de Defensa del Usuario y Consumidor, además de la Aduana, Impuestos Nacionales y otras instituciones.
Explicó que la presencia de funcionarios de Impuestos en estos operativos de control es de vital importancia, porque en los recientes comisos se develó que los contrabandistas también utilizan “guías de movimiento adulteradas, facturas falsificadas o clonadas”.
Recordó que recientemente en el sector de Chaguaya, frontera con Perú, se interceptó un camión que trasladaba 500 quintales de azúcar, pero este presentó una factura adulterada de 20 quintales.
Ante esta situación, señaló que la próxima semana se tendrá una reunión binacional virtual con la República de Perú para “frenar” el contrabando, porque allá están “conscientes” de que este ilícito que ingresa a su país les afecta.
“Vamos a tratar de restringir ese contrabando hormiga que se está generando en río Desaguadero, puesto que las barcazas no solo son manejadas por bolivianos, sino que otra gran cantidad son barcazas que corresponden a ciudadanos peruanos”, explicó.
Señaló además que también se debe coordinar con otras instituciones, entre ellas la Policía Boliviana, para establecer mecanismos más “agresivos” contra el contrabando y otros ilícitos.
