Carlos Apaza Quispe, en agosto, fue sentenciado a tres años de cárcel en el penal de San Pedro de La Paz, en un juicio abreviado. Otros exfuncionarios son investigados en este caso que fue develado el 18 de abril por Yacimientos de Litio Bolivianos.
El 18 de abril de este año, la presidenta ejecutiva de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la estatal por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato en las piscinas industriales de evaporación en el complejo industrial, con un daño económico calculado en más de Bs 425 millones.
Frente a los medios de comunicación, Calderón detalló que el informe de auditoría interna identificó la responsabilidad de diez exfuncionarios y de una empresa adjudicada por contratos irregulares en la construcción, impermeabilización y puesta en marcha de las piscinas industriales, entre 2013 y 2017, cuando aún existía la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.
Según la presidenta de YLB, la auditoría identificó tres factores relacionados al incumplimiento de las especificaciones técnicas en la adquisición de geomembranas, además de su deterioro durante su instalación y el “mal uso” de 18 piscinas industriales de producción de sales, que actualmente están inoperables.
Luis Alberto Echazú, exministro de Minería y exgerente de Recursos Evaporíticos, fue el primero en ser aprehendido; sin embargo, el 24 de abril un juez le otorgó detención domiciliaria. La Fiscalía lo había imputado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Después de casi cuatro meses, el 9 de agosto, la Procuraduría General del Estado informó sobre la primera condena en el proceso penal por los hechos de corrupción en la implementación de las piscinas en la planta de litio de YLB.
Carlos Apaza Quispe, exfuncionario de la entonces Empresa Nacional de Recursos Evaporíticos, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), fue condenado a tres años de reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.
La Procuraduría explicó que en el proceso penal 201102012402934 se emitió la sentencia condenatoria contra el exservidor público previa “admisión voluntaria, autónoma y libre de su responsabilidad penal y en procedimiento abreviado”. La institución recordó que Apaza y otros nueve coimputados provocaron un daño económico al Estado de Bs. 425.297.717.
YLB logró reparar cinco de las 18 piscinas que habían quedado deterioradas por una mala administración. La reparación de dichas piscinas permitió habilitar tres de las 12 líneas de producción de materia prima, garantizando una producción del 30% en las plantas de cloruro de potasio y de carbonato de litio.
La Paz/AEP
