El Ministerio de Gobierno responsabiliza al juez Primo Flores y a vocales de la sala penal de Santa Cruz, quienes favorecieron al imputado Erland García.
El Ministerio de Gobierno instó al Consejo de la Magistratura a actuar de oficio e investigar a las autoridades judiciales de Santa Cruz por presunto favoritismo al testaferro de Sebastián Marset, Erland García, quien estaba libre y fue herido en una balacera el domingo.
“El Ministerio de Gobierno responsabiliza al juez Primo Flores y vocales de la sala penal de Santa Cruz, quienes favorecieron al imputado Erland García López (al) otorgarle su libertad (…) Esperamos que el Consejo de la Magistratura actúe de oficio en este caso”, se lee en un comunicado oficial.
Apodado ‘el colla’
Erland García, apodado ‘El Colla’, el supuesto testaferro del narcotraficante prófugo de la justicia Sebastián Marset, fue herido en el atentado ocurrido en la localidad de La Enconada, en el municipio de Cotoca, del departamento de Santa Cruz, recibió cinco disparos entre el pecho y estómago.
En tanto, su acompañante Pastor Sampier Suárez falleció luego de recibir siete impactos de bala.
“Lamentamos los hechos acontecidos producto del peligro efectivo para la sociedad que advertimos constituía el imputado; pero que dichas autoridades judiciales hicieron caso omiso”, enfatizó el Ministerio de Gobierno, en su condición de denunciante dentro del proceso penal contra Marset, Erland García y otros.
Esta cartera de Estado detalló que en este proceso penal por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, el “juez Primo Flores y los vocales de las salas penales de Santa Cruz, mediante diferentes resoluciones, fueron favoreciendo al imputado Erland García otorgándole detención domiciliaria”.
Pese a las apelaciones de los denunciantes, la vocal Gadys Alba, de la Sala Penal Primera, en junio ratificó la decisión del juez Flores de levantar el escolta policial del imputado.
Asimismo, develó que, el 30 de julio de este año, el juez Flores levantó la detención domiciliaria de García, disponiendo su libertad.
“Esta Cartera de Estado, al no estar de acuerdo, procedió a interponer un recurso de apelación contra dicha ilegal determinación que está pendiente se resuelva por la sala penal de turno”, añadió.
La Paz/AEP
