La entidad municipal reiteró su “falta total de confianza” en los principales colaboradores del burgomaestre paceño. Esta ya es la segunda censura.
La Paz, 20 de marzo de 2024 (AEP).- El Concejo Municipal de La Paz aprobó la segunda censura a cinco autoridades de la gestión del alcalde Iván Arias. La entidad fiscalizadora también prepara una denuncia penal contra el burgomaestre y los funcionarios que volvieron a sus cargos después de la primera censura.
La acción llevada a cabo por los censurados viola la Ley Municipal de Fiscalización 499, que se encuentra vigente y fue reconocida por la justicia.
“Al restituir a esos funcionarios, el Alcalde incurrió en desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad que establece el Código Penal”, afirmó el concejal Javier Escalier.
Los involucrados son José Campero, secretario ejecutivo; Eduardo Galindo, de la Secretaría de Gestión Ambiental; Fausto Terrazas, de la Subalcaldía Cotahuma; Grover Lazo Segurondo, de la Subalcaldía Max Paredes, y Jimmy Osorio, de la Subalcaldía Centro.
En febrero, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al alcalde Arias cumplir con la Ley de Fiscalización 499, que fue promulgada de oficio en septiembre de 2022.
Bajo esta norma, varios funcionarios fueron censurados el año pasado y debían ser apartados de sus cargos 24 horas después de que el burgomaestre fuera notificado. El 22 de febrero, Arias destituyó e inmediatamente posesionó en los mismos cargos a las cinco autoridades.
Ante este incumplimiento, el Concejo Municipal aprobó ayer un segundo pronunciamiento de censura en el que expresa “la falta total de confianza de la autoridad o autoridades públicas censuradas”, por lo que se debe denunciar al Alcalde municipal a las instancias judiciales correspondientes por el incumplimiento de la presente ley”.
El concejal Escalier informó que se remitirán los antecedentes de las autoridades y de los funcionarios públicos que fueron censurados ante las instancias correspondientes, como el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Justicia, en un plazo no mayor a los cinco días.
