En agosto de 2021, el Gobierno promulgó la Ley 1386, que marcaba un hito: obligaba a reportar operaciones sospechosas, legalizaba técnicas especiales de investigación y facultaba al Ejecutivo a emitir normas complementarias vía decreto.
Durante más de cuatro años, Bolivia ha transitado un complejo proceso para consolidar una normativa robusta contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas no convencionales.