El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que la norma va destinada a los prestatarios que voluntariamente quieran acceder a la posibilidad de reprogramación o refinanciamiento de sus deudas.
La medida se basa en un estudio que reveló que numerosas familias en las principales ciudades bolivianas todavía utilizan televisores antiguos.
La norma fue sancionada por el Senado en una sesión desarrollada en el municipio de Uyuni, Potosí, el 12 de septiembre.
El monto que la entidad paga es de Bs 1.000 por hectárea (ha) perdida del pequeño productor de la agricultura familiar.
Prestatarios en mora pueden reprogramar créditos, y el plazo para el cobro judicial se amplía de 91 a 121 días, informó su directora, Ivette Espinoza.
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