La norma tiene el objetivo de reglamentar la Ley del 15 de noviembre de 1887 de Inscripción de Derechos Reales, concordado con las disposiciones del Código Civil (6 de agosto de 1975).
En la actual gestión de Gobierno, se profundizó la utilización de estos fondos en el marco de la política de reconstrucción de la economía y sustitución de importaciones.