El pago se divide en dos grupos: el primero, de Bs 6,5 millones, y el segundo, de Bs 6,1 millones, con lo que se cumple el compromiso del Estado.
La Paz, 10 de mayo de 2023 (AEP).- Constantino Lima Chávez y Alina Clavijo Aguilar viuda de León recibieron ayer el pago de resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en gobiernos inconstitucionales, que comprende el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, en conferencia de prensa dio a conocer el inicio del pago, que se divide en dos grupos; el primero, de Bs 6,5 millones, y el segundo, de Bs 6,1 millones; con lo que se cumple el compromiso asumido por el Estado Plurinacional.
“Es un compromiso que se asumió hace casi 20 años y que no se estaba pudiendo viabilizar el pago del 80 por ciento, correspondiente al 100 por ciento de la indemnización de las víctimas y familiares de las víctimas. Gracias a la Ley 1446, de 2022, se posibilitó el pago a través del Tesoro General del Estado”, explicó la autoridad.
El Estado creó una política para el resarcimiento de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, de la cual se desprenderán leyes, resoluciones y mecanismos legales que ayuden a esas personas a hallar justicia.
“Creemos firmemente que las graves violaciones de derechos humanos deben generar la reparación integral, no solamente con las víctimas de 1964 a 1982, sino también para las víctimas de Sacaba y Senkata, para las cuales también vamos a tener buenas noticias”, indicó Siles.
Se anunció también una reunión la próxima semana con víctimas de Sacaba y Senkata, para lo cual los organismos competentes acompañarán la cita para encaminar el resarcimiento.
El resarcimiento procede en cumplimiento a la Ley 1446, del 25 de julio de 2022, que establece el pago en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos en favor de las personas contra las que se cometió violencia política por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular.
La ley autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, asignar recursos por un monto de hasta Bs 99,9 millones.
El pago se efectivizará a través de la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria, de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos.
Los beneficiarios directos e indirectos deberán solicitar el pago ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
