El Ejecutivo, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, apuesta por el diálogo con todos los sectores.
Representantes gremiales de La Paz y El Alto ratificaron su compromiso de colaboración con el Gobierno nacional para abordar la normativa contra el contrabando a la inversa, durante una reunión encabezada por el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
En el encuentro, en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, se socializó la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
“Esta apertura al diálogo demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos generar soluciones equilibradas que benefician tanto a los comerciantes como a la población en general”, señaló Silva, quien enfatizó en que la normativa busca prevenir el contrabando a la inversa y regular precios especulativos de productos esenciales de la canasta familiar.
Mabel Machicado, representante de la Federación de Gremiales de La Paz y dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, reafirmó el compromiso de su sector.
“Nosotros no vamos a movilizarnos, vamos a trabajar. Creemos que el diálogo es la mejor herramienta para proteger los intereses de nuestras bases y evitar la desinformación. Seguiremos buscando soluciones consensuadas con las autoridades”, aseguró.
Además se acordó socializar el contenido de la reglamentación con gremiales en los departamentos del país, asegurando claridad y transparencia en su implementación.
Pedro Valda, secretario ejecutivo de los gremiales de El Alto, destacó la importancia de este trabajo conjunto y rechazó cualquier intento de politizar la normativa.
“Queremos tranquilidad para nuestras bases. Hoy podemos decir que, gracias al diálogo, estamos avanzando hacia soluciones reales y prácticas para nuestro sector”, afirmó.
El Gobierno nacional reafirmó su compromiso de trabajar coordinadamente con todos los sectores, priorizando el bienestar de la población y fortaleciendo la economía del país desde un enfoque inclusivo y transparente.
Esta iniciativa busca no solo combatir las prácticas ilícitas que afectan a la población boliviana, sino también garantizar precios justos en productos esenciales y proteger la estabilidad económica del país.
La Paz/AEP
