El expresidente Evo Morales ha demostrado una vez más su desprecio por las instituciones y leyes del país que una vez dirigió.

Sus acciones, reveladas por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ponen de manifiesto una estrategia que prioriza sus ambiciones personales por encima del orden constitucional y la estabilidad nacional.

El ataque en el Líbano, atribuido a Israel, marca un escalofriante precedente en la historia del terrorismo moderno. Lo que hemos presenciado no es solo un acto de violencia indiscriminada, sino un salto cualitativo en la sofisticación de los métodos para infligir daño masivo a la población civil.

La reciente validación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Sentencia Constitucional 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) coloca, nuevamente, las cosas en su verdadera dimensión.

Evo Morales llegó a la ciudad de La Paz con la idea de tumbar al presidente Luis Arce y colocar en su reemplazo, forzando la sucesión constitucional, al frágil Andrónico Rodríguez, a quien mueve a su antojo con los hilos invisibles de la política. Pretendía el dirigente cocalero sumir a la ciudad sede del gobierno en una convulsión social.

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, la canciller Celinda Sosa llamó a la comunidad internacional a acompañar los esfuerzos de Bolivia por preservar y fortalecer su democracia, ante las crecientes amenazas desestabilizadoras.

La puesta en marcha de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa en El Alto marca la trayectoria de desarrollo industrial de Bolivia.

Con una inversión de Bs 162 millones, esta moderna factoría de papa no es solo un logro en sí misma, sino un símbolo del compromiso del gobierno del presidente Luis Arce con la industrialización del país.