La actual coyuntura política ha dejado en evidencia dos formas diametralmente opuestas de afrontar las diferencias en el interior del MAS-IPSP. Por un lado, está el presidente Luis Arce junto a las organizaciones sociales matrices y los fundadores del Instrumento Político, que en innumerables ocasiones han insistido en el llamado a la unidad para continuar con en el proceso de reactivación económica y avanzar en la añorada industrialización de los recursos naturales, pensando en un mejor futuro para las nuevas generaciones; y, por otro lado, está Evo Morales y un puñado de exautoridades cuya única preocupación es volver al poder a cualquier costo, con amenazas de convulsionar el país.

El Consejo Nacional de Autonomías, la máxima instancia de coordinación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, tomó una decisión sin precedentes al declararse en estado de emergencia debido al bloqueo económico que enfrenta el país en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esta determinación, lejos de ser un mero formalismo, representa una señal de alarma sobre la gravedad de la situación que atraviesa el país y sus regiones.

Los improperios contra la mujer no pueden ser tolerados, vengan de donde vengan, pero resulta aún más lamentable que estos sean vertidos por asambleístas, cuyas acciones deberían ser totalmente contrarias a la denigración del género femenino y tendrían que estar encaminadas a la generación de normativa que promueva el respeto y la igualdad ante las estructuras patriarcales aún persistentes.

El Consejo Nacional de Autonomías (CNA), en la reunión que aglutinó a 25 de 25 representantes nacionales, se declaró en emergencia ante el boicot a la economía nacional que ejerce la derecha y el ala evista desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

El pueblo boliviano conoce y ya identificó a quienes bloquean el desarrollo del país, a los que priorizan sus intereses personales y le niegan la posibilidad de obras para las regiones.

La escalada militar desatada por Israel en la Franja de Gaza ha desencadenado una ola de repudio a nivel internacional y ha llevado a varias naciones a tomar medidas sin precedentes para expresar su condena a las atrocidades cometidas contra la población palestina y exigir el respeto al derecho internacional humanitario.

La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una demanda penal que sacude los cimientos de la industria del litio en Bolivia.

Diez exdirectivos y una empresa contratista se encuentran bajo la lupa judicial por presuntos delitos que han dejado un rastro de desolación en el complejo industrial del salar de Uyuni, un epicentro crucial en la provisión de materia prima para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio.