En los últimos días, las declaraciones del nuevo presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, sobre el modelo económico que el Gobierno implementa en el país, generaron diversas reacciones, algunas lo respaldaron, pero la gran mayoría lo criticó porque se ubican fuera de la realidad; sin embargo, basta remitirse a los indicadores macroeconómicos y a lo que ocurre en el país para definir una postura al respecto.

Se fue marzo, el mes más largo del calendario, un mes lleno de actividades internacionales para el presidente Luis Arce, quien tuvo que hacer viajes maratónicos para cumplir una agenda oficial, mientras que en el país también le esperaban agendas agitadas que requerían su presencia. Así se fue marzo con una nutrida actividad presidencial.

Contar con una ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas en el país no responde a un mero capricho. En primera instancia, generar una normativa de estas características para adecuarse a los estándares internacionales en el combate contra el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento es una exigencia de la comunidad internacional en el marco de los compromisos asumidos por Bolivia, como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental que agrupa a 18 Estados de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Causa extrañeza que en una carretera de doble vía se produzcan tantos accidentes de tránsito, como es el caso de los tres primeros meses del año. La doble vía La Paz-Oruro fue la más anhelada por ciudadanos y usuarios de ambos departamentos dada la cantidad de accidentes en esa vetusta vía que había sido construida en la década de los 70 del siglo pasado.

La elección de nuevas autoridades judiciales en el país está en marcha, por tanto también la oportunidad de contar con los mejores profesionales que se encargarán de administrar la justicia.

La aplicación del crédito de vivienda de interés social es, sin duda, una de las medidas con mayor repercusión en miles de familias bolivianas que, hasta antes de la promulgación del Decreto Supremo 1842, el 18 de diciembre de 2013, que establece el paraguas legal para su implementación, para muchos ciudadanos era impensable, o al menos un objetivo muy distante, el poder contar con una vivienda propia.