Los asambleístas de la Cámara de Diputados optaron por despojarse de intereses personales y políticos, y anteponer los intereses del país al aprobar en grande y en detalle la Ley de “Compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”, que dará certeza y certidumbre financiera a los bolivianos.

Las nacionalizaciones primero, luego la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y ahora la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo son los tres grandes temas en torno a los cuales los opositores erigieron sus mentiras para descalificar las políticas del Gobierno, y aún lo hacen.

El 15 de noviembre de 2019, la entonces canciller del gobierno de facto de Jeanine Añez —que ya habiendo usurpado el poder le quedaba como única función el convocar a elecciones generales a la brevedad posible, pero se tomó otras atribuciones—, Karen Longaric, anunciaba la ruptura de las relaciones diplomáticas con el hermano país de Venezuela bajo el argumento de un supuesto “atentado contra la seguridad interna”.

El martes, sectores opositores al Gobierno nuevamente se articularon, entre ellos el Comité Cívico pro Santa Cruz, el Colegio Médico y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), para promover marchas carentes de contundencia que se desarrollaron en cuatro ciudades del país (El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí) contra lo que ellos denominan el “paquetazo” de leyes que engloban a los proyectos de ley 280, 304 y 305.

El 8 de marzo, el complejo Ciclotrón Radiofarmacia Preclínica, instalado en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, inició la producción nacional de radiofármacos, lo que marcó un hito y permitió a Bolivia ingresar a una nueva era en cuanto a la lucha contra el cáncer. A un mes de este gran anuncio, la otra buena noticia es que más de un centenar de pacientes ya accedieron a tratamientos con la tecnología del país.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribó esta semana al país y permanecerá en suelo boliviano por dos semanas, tiempo en el cual se entrevistará con 90 entidades públicas y privadas. El objetivo es simple, ver si el Estado cumple con las recomendaciones que dejó la entidad en 2011.